Recientemente se han conocido una serie de casos de agresión hacia agentes de la seguridad pública que han tenido una repercusión mediática considerable. Lo que nos hace demostrar una vez más la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día.
Durante el año 2022 las agresiones aumentaron considerablemente. Sobre todo, las agresiones físicas sin armas, con respecto al año 2021, según las estadísticas que aporta la Institución cada año. Para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica. Debemos de disponer del suficiente material de defensa y protección, de unos recursos actualizados y ajustados a la actualidad para que en el año 2023 esta cifra no siga aumentando.
Actualmente no hay chalecos antibalas para un uso individualizado y la dotación de pistolas taser no llega todos los puntos de España. Esto pese a que sus cámaras son imprescindibles para obtener pruebas de los delitos e intervenciones. Faltan medios técnicos y materiales para poder realizar el trabajo en números destinos y especialidades.
La situación de la calle está en una continua evolución y la Guardia Civil debe preocuparse por los riesgos diarios que surgen y se afrontan. Cuando la integridad física peligra, la protección de los trabajadores tendría que ser primordial.
La Dirección General es conocedora de este centenar de agresiones que se producen durante el primer trimestre del año. Se emplean armas blancas o de fuego, así como objetos contundentes; también lo sabe el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Institución, y la política es seguir esperando. Mientras pasan los días aumentan las estadísticas y se pierde el principio de autoridad no vemos la llegada de unos medios que tendrían que estar ya disponibles desde hace tiempo y en cantidades suficientes.
Se trata de una tendencia que ya viene denunciando AUGC desde hace años. Y la situación, lejos de solucionarse, va a peor. Cada semana, los guardias civiles se convierten en el blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredir a un trabajador de la seguridad pública.
Por eso AUGC lleva pidiendo de manera reiterada a lo largo de los últimos años que se refuerce la protección judicial tanto a los guardias civiles como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren. Ya que estas agresiones suponen un gran daño para los guardias civiles y sus familiares. No sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico e incluso económico, ya que los periodos de baja suelen comportar una merma en sus nóminas.
Por ello es urgente, como reclamamos, que se acometan lo más pronto posible las modificaciones necesarias en el Código Penal para aumentar las penas por este tipo de agresiones contra agentes de la autoridad.