Por desgracia, son ya muchos los ejemplos de situaciones en las que la justicia enmienda la plana a la Guardia Civil en relación a casos de obstrucción ante los derechos sociolaborales de sus trabajadores. Estas sentencias, además, suponen una carga para todos los españoles, ya que es la Administración la que luego debe pagar las costas de estos procesos judiciales.
Es el caso de una reciente sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Ciudad Real, en la que se reconoce el derecho de un guardia civil, afiliado a AUGC y asesorado por los servicios jurídicos de la delegación de esta provincia, a disfrutar de un permiso de dos días por asuntos particulares que había solicitado, y que le había sido denegado.
Dicha denegación se le había comunicado por vía telefónica, como ha quedado demostrado en el juicio, fuera del plazo contemplado por la normativa, por lo que, según recoge la sentencia, “ha quedado acreditado que al no serle notificada la denegación del permiso dentro de las 48 hora siguientes, el mismo está concedido por silencio positivo”.
Por lo tanto, el fallo ha reconocido el derecho del guardia civil a haber disfrutado los días que solicitó, imponiendo a la Dirección General a abonar, en su lugar, la cantidad de 120 euros. Además, se imponen las costas a la Administración.
Se trata de un ejemplo más de la permanente falta de respeto a los trabajadores de esta institución. Una actitud que posteriormente han de enmendar los tribunales a costa de los impuestos de todos los españoles.