Pese a que en la mañana de hoy, día 13 de julio, estaba prevista la celebración de un juicio en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona, contra la resolución de la Guardia Civil por no facilitar a una de sus agentes destinadas en Tarragona la conciliación laboral y familiar que permita atender a los familiares a su cargo, éste ha sido finalmente aplazado hasta nueva fecha.
La agente, representada por los servicios jurídicos de AUGC, ha solicitado por escrito a sus superiores un horario adecuado, dentro de la legalidad de su normativa de jornada laboral, para poder atender a sus familiares, siendo una menor de 20 meses y la progenitora de la demandante con 71 años de edad que padece una minusvalía de un 58% por distintas enfermedades degenerativas. Sin embargo, las negativas por parte de sus superiores jerárquicos de la Guardia Civil a la reorganización de su servicio, han ocasionado que la agente sufra tal grado de estrés y ansiedad que le provocó la baja psicológica, al pensar que por la falta de atención y cuidado debidos a sus familiares y por los horarios de trabajo, estos queden en desamparo.
No es la primera vez que la Guardia Civil es demandada por negar la conciliación efectiva a sus agentes en distintos puntos de España, una muestra mas de la falta de derechos que padecen los Guardias Civiles en algo que afecta no solo a los trabajadores de la Institución sino a sus familiares directos. Esta situación da lugar a la interposición de múltiples demandas contra la administración por la falta de medidas de conciliación efectivas en la Guardia Civil con el consiguiente gasto para las arcas públicas.
Concretamente en el año 2013, la Comandancia de Tarragona fue llevada a los tribunales por otro agente al que se le negó la adecuación de turnos por el cuidado de una hija menor, mientras otros agentes, sin cargas familiares y sin haberlo solicitado, disfrutaban del horario que el agente demandante necesitaba, finalmente el TSJ de Barcelona estimó la resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona y recurrida por el abogado del estado, condenando a costas a la Guardia Civil.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha puesto los medios a su disposición para que nuevamente impere el sentido común en la Institución.