Las circunstancias bajo las que transcurre el Consejo de la Guardia Civil exigen un análisis profundo, puesto que las mismas afectan de forma directa al inmediato futuro de un colectivo formado por casi 80.000 hombres y mujeres.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles nació ante la necesidad de que los integrantes de este cuerpo de seguridad alcanzasen los derechos fundamentales y profesionales que, con la llegada de la democracia, ya habían adquirido los ciudadanos, y en nuestro ámbito, el resto de policías.
Entre los logros de la incansable lucha de AUGC podemos apuntar, desde luego, haber sido un factor determinante en la constitución, en 2009, del Consejo de la Guardia Civil, como órgano colegiado formado por representantes de la Administración y de las asociaciones profesionales. El Consejo nació con un fin específico: la mejora de las condiciones profesionales, económicas y sociales de los integrantes del Cuerpo.
Lo cierto es que su funcionamiento no ha estado exento de dificultades, siendo nuevamente AUGC uno de los factores de impulso y desarrollo del mismo, al haber trabajado con espíritu constructivo desde su misma creación, y desde la amplia mayoría obtenida en las dos elecciones concurridas hasta el momento, para contribuir a que el Consejo, aun asumiendo sus limitaciones, pudiera convertirse en el instrumento de interlocución necesario en la búsqueda de los intereses citados.
Por tanto, nuestra organización, como promotora y agente de cambio, se encuentra no solo legitimada para analizar el devenir del Consejo de la Guardia Civil, sino también, y como ahora es el caso, para señalar la deriva preocupante que el mismo está adquiriendo. Y es significativo y paradójico señalar que allá donde parecía más difícil que pudiera solicitarse algún resultado -nos referimos a los retrocesos en derechos que el gobierno endilgó a los funcionarios como medidas contra la crisis- el Consejo ha podido maniobrar en cierto modo para paliarlos, como han sido los reconocimientos en permisos y días de vacaciones extras por años de servicio, o la figura de la indisposición, antes de la penalización retributiva por bajas médicas.
Y sin embargo, esta labor no se está llevando a cabo precisamente allá donde el Consejo tiene una responsabilidad específica, o sea, en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 11/2007, de derechos y deberes. Y esto es importante, porque ese trabajo podría traer a la Guardia Civil un régimen estatutario más moderno que acortaría las distancias que nos separan del resto de policías.
Lo anterior, junto al innecesario retroceso en derechos infligido por el actual gobierno y el partido que lo sustenta, por medio de más remilitarización y una ley de personal que consolida los agravios de la Guardia Civil con respecto a la Policía Nacional, han sido los motivos de las acciones de protesta de AUGC, comenzando por sus vocales en el Consejo, cuando se han ausentado del mismo en varias ocasiones, y culminados el pasado 14 de noviembre con la mayor manifestación de guardias civiles en ante la misma Dirección General de la Guardia Civil.
Un síntoma claro de que el Consejo está derivando hacia el abismo es que cuando se le intenta trasladar al Director General que el Consejo está para atender los verdaderos problemas de los guardias civiles, éste nos acusa a los representantes de AUGC de “hacer política” y nos obliga a callar, provocando nuestra ausencia del mismo, ante tamaña falta de respeto a los legítimos representantes de los guardias civiles. Pero la pregunta que realmente puede interesar es la siguiente: ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?
Porque, para situarnos, nos encontramos en el último año del segundo Consejo de la Guardia Civil (periodo 2013-2017), es decir, el año que viene, los guardias civiles volverán a ser llamados a unas terceras votaciones para elegir a aquellos que deberán representarlos en este órgano… y la Administración poco o nada está haciendo para poder convencer a los integrantes de la Institución de que el Consejo pueda ser útil a sus intereses. La respuesta, a nuestro juicio, apunta a que se deben cambiar formas y personas en el Consejo y la Dirección General. De lo contrario, los guardias civiles encontrarán alternativas para hacer trasladar a la sociedad sus inquietudes.
El cambio en las formas apunta a que en la legislatura que ahora comienza deben establecerse normas claras que no dependan de voluntades o de contextos políticos, y que permitan de manera real y efectiva la participación y el diálogo social entre Administración y asociaciones profesionales, porque esos son los ámbitos propios para el trabajo en la búsqueda del interés general de los guardias civiles y de la Institución.
El cambio en las personas parece claro también: la irresponsabilidad de Arsenio Fernández nos obliga a solicitar su sustitución por otro Director General que sepa configurar los equipos de trabajo adecuados. La reflexión es categórica: es necesario contemplar la coyuntura entre “renovarse o morir”, si realmente aspiramos a que el Consejo de la Guardia Civil, sea realmente el Consejo de los Guardias Civiles.
Artículo incluido dentro del boletín especial dedicado al Consejo de la Guardia Civil