El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mantenía el pasado 27 de abril un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el que estos le expusieron las principales reivindicaciones sociolaborales de los policías nacionales.
Hasta la fecha, por contra, Zoido no ha atendido la solicitud de AUGC, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, para celebrar una reunión como la que sí lleva a cabo con los sindicatos de la Policía Nacional.
También el Secretario de Estado de Seguridad ha rechazado un encuentro con AUGC. Es decir, que los dos máximos responsables del Ministerio del Interior mantienen una interlocución fluida con los sindicatos policiales; lo que contrasta con la negativa a abordar las cuestiones laborales justamente con quien tiene esa función encomendada por Ley, en la Guardia Civil: las asociaciones profesionales del Cuerpo.
Ello evidencia una nueva muestra del trato de segunda que se ofrece a los trabajadores de la Guardia Civil, precisamente por el hecho diferencial que supone contar con sindicatos profesionales en la Policía Nacional frente a las asociaciones profesionales en la Guardia Civil.
Resulta evidente que la fuerza que proporciona el derecho a la sindicación se traduce en un dialogo efectivo y avances en derechos que mejoran las condiciones profesionales, sociales y económicas de los policías. Sin embargo el empecinamiento en negar el derecho limitado de sindicación a los guardias civiles los convierte en ciudadanos de segunda y relega al vagón de cola de la seguridad pública en España.
Es bien sabido que la reclamación de sindicatos en la Guardia Civil es una de las exigencias más antiguas e irrenunciables de AUGC. Se trata de un derecho que está solicitado ante los tribunales de justicia y por el que nuestra organización no dudará en acudir a las más altas instancias judiciales europeas.
Cabe recordar, en este sentido, que en Europa existen sindicatos profesionales no sólo en cuerpos policiales, sino incluso en el Ejército, sin que ello suponga merma alguna en el mantenimiento de sus obligaciones y compromisos.
La falta del derecho de sindicación de un colectivo compuesto por cerca de 80.000 trabajadores constituye un anacronismo impropio de una democracia, y supone una muestra más de que a día de hoy los guardias civiles continúan siendo ciudadanos de segunda, profesionales que velan por el cumplimiento de los derechos de sus vecinos mientras que carecen precisamente de muchos de esos derechos.