AUGC considera un error, en caso de que llegue a concretarse, el plan del Consejo General del Poder Judicial por el que pretende dar solución a los problemas derivados de la no renovación de este órgano de gobierno del poder judicial español mediante la adscripción de magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de lo Militar.
En primer término, la jurisdicción militar no ha acometido la reforma que tiene pendiente, la cual deriva de tres mandatos de las Cortes Generales, sistemáticamente incumplidos. Esta justicia militar, no está homologada con el resto de órdenes jurisdiccionales y la mitad de sus magistrados proceden de las Fuerzas Armadas. No parece que los ciudadanos puedan entender que ex militares tomen decisiones sobre asuntos que les afectan en sus ámbitos particulares y personales, y que puedan decidir sobre cuestiones que han de ser juzgadas en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo no solo en la esfera política sino en la propia conformación del estado de Derecho, en aspectos relativos a lo social, lo profesional y lo económico de los componentes, entre otros, de los miembros de la Guardia Civil.
AUGC insta a los poderes públicos para que no retrasen la modernización de la jurisdicción militar y que no la utilicen para otros asuntos, para los que no están diseñados, entre otras cuestiones por que proceden de las Fuerza Armadas.
No podemos dejar de lado que, además esos mismos magistrados son lo que aplican el Código Penal Militar a los guardias civiles por cuestiones meramente laborales. Algunos de ellos son autores de escritos que tienen un componente ideológico que puede hacer pensar, en algún caso, en su no acomodación con la realidad social de la España del siglo XXI, como es el caso de José Alberto Fernández Rodera, magistrado de la Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo pronunciándose abiertamente en contra de los cauces democráticos instaurados en la Guardia Civil a través de las asociaciones profesionales con manifestaciones como “(…) no está de más recordar que en el Ejército norteamericano, que lo es de un país democrático, no existen asociaciones, canalizándose las reclamaciones de los militares a través del Cuerpo Jurídico de cada Ejército.”
Para AUGC, desde luego que la impartición de justicia a través de un sector de la magistratura provenientes de las Fuerzas Armadas y no de la carrera judicial, es un anacronismo que debe evidenciarse y que pone en riesgo la credibilidad de la justicia, como institución clave en un estado de Derecho. Los guardias civiles saben bien lo que es verse sometidos a una jurisdicción en la que el ejercicio del derecho de defensa es muy complicado, en la que no existe segunda instancia y en la el poder político tiene capacidad de influencia real al detentar instrumentos muy potentes que perfilan la carrera de los jueces militares, en detrimento de su independencia.