AUGC ya denunció en su momento, el caótico diseño normativo de los destinos en la Guardia Civil y anunció que su aplicación podía provocar situaciones no deseadas de incertidumbre y de errores en la asignación de los mismos y de quiebra de derechos. Por ello, AUGC tiene en la actualidad recurrido el Reglamento de Destinos de 2019, que se encuentra en avanzado estado de tramitación judicial ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Pronto habrá de dictarse sentencia al respecto. Hay otras normas reguladoras de los destinos que, de la misma forma, esperan decisión judicial a instancias de AUGC. La política de asignación de destinos es una prioridad para AUGC, por el grado de afectación al derecho a la carrera profesional y su capacidad de incidir en el ámbito personal y familiar de todos los y las guardias civiles.
AUGC ha denunciado en su recurso que el Reglamento de destinos “no es claro y que produce incertidumbre” y que su “contenido técnico no facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y la toma de decisiones de los guardias civiles y de sus familias”. Precisamente, esta falta de claridad y de certeza es la que ha llevado a la situación que se está viviendo en la actualidad, en la que miles de guardias civiles desconocen cuál va a ser su destino.
La anulación por la justicia del Reglamento de destinos del 2017, debió servir de aldabonazo para que la Dirección General de la Guardia Civil escuchase las justas reivindicaciones que AUGC argumentó para evitar este tipo de hechos, tan graves y perjudiciales para los y las guardias civiles, para sus familias y para la propia prestación del servicio público de seguridad. Sin embargo, no lo hizo y, de nuevo , el sistema de asignación de destinos está en el aire y ha puesto en riesgo los derechos de miles de miembros de la Guardia Civil, que no pueden planificar ni su carrera, ni su vida personal y familiar.
Se trata de un grave trastorno, por lo tanto, no solo para los trabajadores de la Guardia Civil, sino de sus familiares, entre los que se cuentan numerosos menores. Recordemos que la conciliación familiar es todavía uno de los grandes retos pendientes para los guardias civiles, y esta situación de indefinición difícilmente ayuda en este objetivo.
AUGC seguirá defendiendo los derechos profesionales, sociales y económicos de los y las guardias civiles que están afectados por esta situación de mala gestión pública y no descarta iniciativas, respetuosas con el marco jurídico, que sirvan para preservar los derechos profesionales que como asociación profesional representativa mayoritaria tiene encomendados.