El pasado sábado, una intervención de la Guardia Civil en la localidad de Arévalo terminó con la detención de cuatro personas y con tres agentes lesionados. Estos hechos, desgraciadamente, son un reflejo de la situación que enfrentan a diario los miembros de la Guardia Civil: insultos, amenazas y ataques simplemente por dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía, así como al mantenimiento del orden público. Esta situación de indefensión es inaceptable en un Estado de Derecho y exige medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior, tanto para garantizar la protección y seguridad de los agentes como para endurecer las penas contempladas en el Código Penal, que actualmente prevé de 6 meses a 3 años de prisión para el delito de atentado contra un agente de la autoridad, y de 3 meses a 1 año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave.
Desde AUGC hemos solicitado al Gobierno el reconocimiento de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No es razonable que la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza ya cuenten con este reconocimiento, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil no lo tienen. Además, consideramos imprescindible el endurecimiento del Código Penal para restablecer el principio de autoridad y garantizar que las agresiones a los agentes no queden impunes.
Lamentamos profundamente que, en muchas ocasiones, los agresores sean puestos en libertad pocas horas después de ser detenidos. No es comprensible que el agresor pueda estar en la calle mientras la víctima está aún recuperándose de lesiones físicas o psicológicas. Esto genera incertidumbre en la sociedad y contribuye a una falsa sensación de impunidad, fomentando la idea de que el reproche penal es mínimo y debilitando cada vez más el principio de autoridad en nuestra sociedad.
Criticamos también la falta de un protocolo claro para enfrentar las situaciones de violencia, cada vez más frecuentes, tanto a nivel nacional como en nuestra provincia. Desde AUGC llevamos tiempo solicitando al Ministerio del Interior que dote a los agentes de pistolas táser y cámaras corporales. Creemos que cada patrulla debería contar con estas herramientas como parte de su uniformidad, ya que su uso disuadiría a los agresores y ayudaría a evitar agresiones que ponen en riesgo la integridad física de agentes y ciudadanos.
También consideramos necesario que la Fiscalía adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de los investigados por delitos de atentado contra agentes de la autoridad, cuando estos resulten lesionados. Además, solicitamos que los Juzgados de Instrucción no tramiten estos casos como diligencias urgentes de juicio rápido, ya que el proceso rápido a menudo impide determinar con precisión el alcance real de las lesiones sufridas por los agentes. Es común que el agente lesionado presente un empeoramiento o reciba un diagnóstico distinto tras días de evolución médica, lo que no puede hacerse valer si el juicio ya ha sido resuelto de manera apresurada, resultando en una doble frustración de las garantías públicas.
Por un lado, hechos que deberían ser calificados como lesiones graves o menos graves terminan impunes y los autores son condenados por delitos menores; y, por otro lado, los agentes víctimas del delito no obtienen la indemnización correspondiente por las lesiones efectivamente sufridas.
El pasado 26 de septiembre solicitamos una reunión con el Sr. Subdelegado del Gobierno para abordar estos y otros temas que afectan a la seguridad y el bienestar de nuestros agentes.
Finalmente, desde la Delegación de AUGC en Ávila, hemos programado una conferencia titulada “AGENTE DE LA AUTORIDAD Y VÍCTIMA DE LESIONES”, que será impartida por nuestro abogado Andrés Díaz Moñino el próximo 22 de octubre en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. En esta conferencia se discutirán casos como el acontecido el pasado 28 de septiembre y sus implicaciones legales. Invitamos a todos los guardias civiles a asistir, ya que en cualquier momento, en el ejercicio de sus funciones, pueden verse expuestos a ser víctimas de un delito de lesiones mientras cumplen con su deber.