La Dirección General de la Guardia Civil ha publicado 3.177 vacantes para guardias civiles en todo el país, de las cuales sólo 17 corresponden a la provincia de Córdoba, apenas un 0,5% del total, a pesar de que hay unas 150 vacantes sin cubrir, y que la práctica totalidad de unidades necesitan refuerzos. Además, supone una considerable reducción respecto a las 43 vacantes publicadas en abril de este año, las cuales ya de por sí eran claramente insuficientes.
Nuevamente Córdoba se ve agraviada, al ser una vez más la provincia andaluza a la que se asignan menos vacantes, muy por debajo de las demás: Cádiz recibe 153, Sevilla 104, Málaga 83, Granada 80, Huelva 62, Almería 53, y Jaén 22. Por lo tanto, la provincia de Córdoba no llega ni al 3% de los refuerzos que se destinan a Andalucía, a pesar de tener la plantilla más reducida de la comunidad autónoma, siendo la segunda en extensión territorial y la quinta en número de habitantes.
Pero es que además las insuficientes vacantes anunciadas apenas servirán para cubrir las que se van a producir por quienes se vayan destinados a otras provincias en esta misma convocatoria, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando se han ido de la provincia tantos o incluso más efectivos de los que han llegado.
Las escasas vacantes publicadas se reparten con cuentagotas entre los Puestos de Rute, Fernán Núñez, Adamuz y Dos Torres, así como los Destacamentos de Tráfico de Córdoba, Lucena y Peñarroya, la Patrulla de Protección de la Naturaleza, USECIC, Policía Judicial y Grupo de Información. Y quedan fuera del reparto muchas unidades que necesitan refuerzos.
Resulta indignante el continuo menosprecio que muestran la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior hacia la provincia de Córdoba, y es incomprensible el silencio y la falta de reacción de la mayoría de instituciones y de la sociedad cordobesa ante una situación que afecta gravemente a la seguridad ciudadana en toda la provincia.
Los datos son contundentes y muy preocupantes, porque esta provincia ha perdido un 5% de guardias civiles en los dos últimos años, falta un 11% de la plantilla que debería haber, y además el catálogo, que es el número mínimo de guardias civiles fijado como necesario, se ha reducido un 7% en los dos últimos años. En la mayoría de municipios de la provincia las dependencias de la Guardia Civil permanecen cerradas casi todo el tiempo, y las escasas patrullas disponibles están sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente, lo cual redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana, como demuestran continuamente las estadísticas de criminalidad.