El secretario general en Córdoba de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Gustavo Pérez, ha dirigido un escrito al jefe provincial, el coronel Ramón María Clemente, solicitando que imparta instrucciones para que se ponga freno al excesivo número de patrullas formadas por componentes de distintas unidades y de servicios integrados por un único efectivo que se están nombrando en esta provincia. Además, ha tramitado una comunicación de riesgos al servicio de prevención de la comandancia.
En dichos escritos se pone de manifiesto que, debido al endémico déficit de personal, cada vez es más habitual en la provincia de Córdoba el nombramiento de patrullas formadas por guardias civiles de distintas unidades, como revelan los datos de la propia dirección general, porque durante los primeros once meses de 2023 se realizaron nada menos que 1.626 patrullas de ese tipo, muy por encima de las registradas en otras provincias andaluzas, como Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva, las cuales cuentan con plantillas mayores y por ello no necesitan recurrir con tanta frecuencia a esa solución anómala.
Ese tipo de patrullas se realizan tanto en turnos diurnos como nocturnos, y conllevan el desplazamiento de un solo componente en vehículo oficial entre distintas poblaciones, teniendo que recorrer considerables distancias en solitario para recoger al otro efectivo al inicio y dejarlo a la finalización de los servicios. Y la situación va a empeorar considerablemente durante los próximos tres meses, cuando todas las unidades vean reducida su plantilla en un tercio con los periodos vacacionales de verano.
Obviamente, esos servicios originan evidentes y considerables riesgos para quienes deben prestarlos, no sólo desde el punto de vista de la seguridad vial, al tener que conducir el vehículo oficial en solitario durante muchos kilómetros y atendiendo simultáneamente las transmisiones así como cualquier incidencia que se produzca (accidentes de tráfico, auxilios en carretera, etc.), sino además y sobre todo porque se encuentra activado el Nivel 4 de alerta antiterrorista, nivel de riesgo alto solo superado por el nivel 5.
En los escritos tramitados se hace constar que esta asociación profesional es consciente de la acuciante falta de personal que afecta a todas las unidades y especialidades de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, y especialmente a los Puestos de Seguridad Ciudadana, pero que la solución no puede pasar por adoptar medidas que pongan en riesgo la seguridad de los guardias civiles, como está ocurriendo ahora.
Pero es que además, de enero a noviembre de 2023 se nombraron 11.702 servicios unipersonales en esta provincia, con los evidentes riesgos que conllevan ese tipo de servicios, al tener que encargarse en muchas ocasiones un solo efectivo de distintas funciones simultáneamente: atención a la ciudadanía, seguridad de instalaciones, tareas administrativas, control de accesos de personas y vehículos, visionado de cámaras de videovigilancia, atención telefónica y de transmisiones, custodia de detenidos, etc.
Y ello a pesar de que tanto el plan de prevención y protección antiterrorista, especifican con claridad que deben intensificarse los servicios y la seguridad sobre aquellos lugares que puedan ser objeto preferente de ataques, así como extremar las medidas de autoprotección del personal y de las instalaciones oficiales. Mientras que los manuales de prevención de riesgos laborales de la Guardia Civil identifican como factores de riesgo las agresiones físicas a los agentes, la actitud violenta o de rechazo de algunas personas a la actuación de los agentes, portar las persona a identificar armas o elementos cortantes o punzantes, y otras similares.