Esta semana se ha celebrado el tercer y último grupo de trabajo en el que se está abordando el proyecto de Orden General de Competencia lingüística. Algunas Asociaciones valoran positivamente la introducción insignificante de mejoras y que acompañan a las grandes diferencias existentes entre la Orden Ministerial del 6 de abril y la que se trabajó durante 2021.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles estamos analizando la viabilidad jurídica de recurrir la Orden Ministerial porque se han recortado los pocos beneficios obtenidos durante 2021 en los Grupos de Trabajo en los que se desarrolló este proyecto de normativa. Anteriormente ya explicamos resumidamente toda la serie de retrocesos sufridos.
En esta ocasión el Grupo de Trabajo comenzó debatiendo las distintas alegaciones presentadas por las Asociaciones. Algunas fueron mejoras menores para modificar sobre la Orden General –como la rebaja de sanciones de dos años a uno o la implantación de pruebas telemáticas-, y otras tenían un mayor calado -como la eliminación de la prueba de ratificación o la ampliación de plazos para las convalidaciones-.
Dichas modificaciones fueron solicitadas por AUGC durante las alegaciones efectuadas tras el primer Grupo de Trabajo, pero la Administración no las quiso recoger. Alegó que, de hacerlo, la Guardia Civil podría perder la certificación de centro examinador de SLP y que una Orden General no puede modificar una Orden Ministerial. Vemos que la Dirección General continúa anteponiendo sus intereses a los de todos los Guardias Civiles.
En relación a lo expresado, no entendemos que la convalidación directa ahora sea un problema. En 2021 no suponía un impedimento para la certificación examinadora de SLP y tampoco lo eran los cinco años establecidos para las convalidaciones. Sin embargo, ahora sí lo es. Esto denota la una dejadez por parte de la Administración, ya que en su momento no plantearon que pudiera suponer un problema.
Como nos tienen acostumbrados, no se toman en serio el trabajo de las Asociaciones representativas en el Consejo de la Guardia Civil. Es un órgano al que han vuelto a ningunear modificando una norma que ya pasó por el pleno del mismo y estuvo sometida a trámite de audiencia pública para que se efectuasen las alegaciones oportunas. Esto es de especial gravedad porque dejan sin efectos la Ley de Procedimiento Administrativo. Ante las reformas de gran calado que ha sufrido la Orden General, debería haber sido sometida nuevamente al Consejo y a trámite de audiencia.
Hacemos mención a que en ninguno de los tres Grupos de Trabajo se nos ha facilitado la normativa con una antelación mínima que permitiera trabajarla con tiempo. Esta circunstancia fue expuesta en todos los Grupos y la Administración respondió con un sucinto “tomamos nota”. Es algo que se ha ido repitiendo en cada Grupo, por lo que no han tenido intención de proporcionar el material con antelación.
Como indicamos anteriormente, estamos analizando la viabilidad jurídica para recurrir a esta Orden Ministerial, ya que recogen todos los recortes sobre una norma mejorada que ya había pasado por el Consejo.
Seguiremos informando. Por una Guardia Civil democrática y con derechos, basta de imposiciones.