AUGC hace una petición al Parlamento Europeo para que se reconozca a los guardias civiles expulsados por alcanzar el derecho de asociación profesional

Son muchas las evidencias de represalias y persecuciones que los miembros de AUGC sufren todavía hoy continuamente por el hecho de serlo, con apertura de expedientes y sanciones arbitrarias a trabajadores cuya única falta es defender los derechos sociolaborales de sus compañeros.

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El sargento José Morata (dcha.), y Alejandro Borja, dos de los guardias civiles represaliados por su lucha en favor de los derechos de sus compañeros.

AUGC ha presentado ante el Parlamento de la Unión Europea una petición en relación al derecho fundamental de asociación profesional en la Guardia Civil para el justo reconocimiento de los guardias civiles que fueron expulsados del Cuerpo en la década de los 90 para que hoy este derecho, y los avances que ha traído en las condiciones de vida, profesionales y económicas, ha supuesto para el conjunto de los miembros de la Guardia Civil.

En dicha petición recuerda que el reconocimiento a estos servidores públicos, como uno de los socios fundadores de AUGC el sargento José Morata, en la Guardia Civil es una obligación y un deber ya que no fue un camino sencillo. En sus orígenes, AUGC nació como sindicato que se hubo de mantener en la clandestinidad desde la llegada de la democracia a España, para ser legalizada como asociación por sentencia de la Audiencia Nacional en el año 1998. Sin embargo, no sería hasta el 2008 cuando se aprobaría la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Este proceso no fue sencillo, y contó con la participación activa de varios guardias civiles que, lejos de obtener el reconocimiento de las instituciones, sufrieron una vulneración en sus derechos como ciudadanos europeos recogidos en los Tratados.

Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, todavía sigue lejos de normalizarse y de asumirse, por parte de muchos altos mandos de la Guardia Civil, la existencia y el trabajo de los representantes asociativos.

Son muchas las evidencias de represalias y persecuciones que los miembros de AUGC sufren continuamente por el hecho de serlo, con apertura de expedientes y sanciones arbitrarias a trabajadores cuya única falta es defender los derechos sociolaborales de sus compañeros.

A esto se añade que los guardias civiles siguen careciendo de derechos fundamentales de los que sí goza tanto el conjunto de los ciudadanos como otros agentes de la seguridad pública en España. Hablamos, entre otros, del derecho de sindicación, todavía vetado en el Cuerpo.

Por ello, AUGC tiene que continuar recurriendo a instancias europeas para que, como en tantas situaciones anteriores, corrija estos abusos que siguen padeciendo los guardias civiles.

Así, en su petición, AUGC expone que, en virtud y conforme a los artículos 20, 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( y artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mediante el presente escrito de petición, venimos a ejercitar el derecho reconocido a todos los ciudadanos residentes en la Unión Europea, bien como personas físicas o jurídicas, a presentar al Parlamento Europeo, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación en la Unión que le afecte directamente”.

Y es que no podemos olvidar, que el trabajo realizado por Morata y otros guardias civiles, que pagaron con el fin a su carrera profesional y la pérdida de su puesto de trabajo como consecuencia de la expulsión de la Guardia Civil, fue llevado a cabo por una estrecha relación y altos valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, los valores democráticos y de igualdad en el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por ese motivo, AUGC confía en que las instituciones europeas atiendan esta petición para que estos valientes guardias civiles, sargento José Morata Gargallo, Cabo 1º D. Manuel Rosa Recuerda y el Guardia Civil José Carlos Piñeiro González, quienes dieron los primeros pasos para una democratización de la Guardia Civil, y que tan caro les salió, ahora sean resarcidos y reconocidos por ser los pioneros en la representación de los guardias civiles a través de sus legítimos representantes organizados mediante asociaciones profesionales.