AUGC informaba el pasado mes de febrero que, una vez más, había tenido que ser la justicia, encarnada en este caso en el Tribunal Militar Central, la que enmiendase los desmanes cometidos contra los legítimos representantes de los guardias civiles en represalia por su trabajo en defensa de los derechos de sus compañeros.
Y es que este tribunal revocaba entoncesr, “por ser contraria a derecho”, la resolución de la ministra de Defensa -que confirmaba a su vez el acuerdo anterior del Director General de la Guardia Civil- por la que se condenaba a pérdida de destino en la Comandancia de Cáceres al secretario general de la delegación de AUGC en esta provincia, Juan Carlos Gómez Alcaraz.
La sentencia destacaba, además, que algunas decisiones en el expediente se hicieron según “el personal criterio” del instructor y con graves incumplimientos por la autoridad sancionadora.
Este castigo de destierro había sido consecuencia de una campaña persecutoria por parte de quienes ejercían mando en esta Comandancia contra nuestro compañero –y secundada, al parecer, por un grupo de afines movidos por su propio interés-, motivada únicamente por su trabajo como legítimo representante de los trabajadores del Cuerpo.
De este modo, a Juan Carlos se le condenaba a abandonar Cáceres, provincia donde vivía desde hace más de treinta años. Allí se quedarían su esposa, que por motivos laborales no podía acompañarlo, y sus tres hijas, una de ellas menor de edad. Desde entonces, ha llevado a cabo su trabajo en un pequeño puesto de la provincia de Badajoz, con el consiguiente trastorno logístico y familiar que ello conlleva.
Desde la Guardia Civil se alega que aún no se ha cumplido el plazo de seis meses que fija el límite de esta restitución. Un argumento cínico que, de manera evidente, únicamente busca prolongar el sufrimiento y las represalias contra este representante de AUGC.
Pues bien, a pesar de este tremendo varapalo judicial, la Guardia Civil persiste en su afán represor contra Juan Carlos, ya que a día de hoy todavía sigue sin recuperar el destino anterior en su unidad, de la que nunca debió ser apartado.
Por ello, desde la Secretaría Jurídica de AUGC se ha remitido una dura carta a la Directora General en la que recuerda que nuestro compañero "ha tenido que soportar un expediente difícilmente compatible con los principios de legalidad y tipicidad".
En este escrito, se le recuerda a María Gámez que, en dicho expediente, "el instructor propuso la pérdida de destino pudiendo solicitar vacantes detro de la comandancia, pero el Director General (entendemos que asesorado por la Asesoría Jurídica) agravó la pérdida de destino sin poder peticionar dentro de la Comandancia ninguna vacante durante dos años".
Pues bien, después de todo esto nos encontramos con una sentencia dictada hace cinco meses, y Juan Carlos sigue sin ser destinado a su unidad.
De este modo, concluye la carta, "la Dirección General mantiene un perjuicio al agente, mientras no ejerce acciones legales contra los responsables de un expediente que debería avergonzar a la Guardia Civil y que sí ocasiona mala imagen a la institución".
Finalmente, AUGC exige en su escrito que de modo urgente se proceda a la restitución de los derechos del trabajador expedientado, así como que se adopten medidas para evitar que en un futuro un agente tenga que estar esperando cinco, seis o más meses para ser repuesto a su destino.
Y es que, desde la Guardia Civil se alega que aún no se ha cumplido el plazo de seis meses que fija el límite de esta restitución. Un argumento cínico que, de manera evidente, únicamente busca prolongar el sufrimiento y las represalias contra este representante de AUGC.