Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Córdoba plantearon una solicitud por la vía de resarcimiento para un guardia civil que resultó herido durante una actuación en La Rambla, al haber sido declarado insolvente el condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba.
Los hechos ocurrieron en julio de 2020, cuando el acusado amenazó y agredió a su abuela, con la que residía, para que le diera dinero con el que comprar droga, y al personarse el guardia civil y dos policías locales de La Rambla, empujó a uno de ellos y se mostró muy agresivo contra los tres agentes, causándoles diversas lesiones mientras intentaban reducirle para proceder a su detención, lesiones por las que el guardia civil tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Ahora, el Ministerio del Interior ha estimado los argumentos expuestos por los servicios jurídicos de AUGC y ha reconocido el derecho del agente, destinado en el Puesto de La Rambla, a ser resarcido por la Administración, abonándole los 7.753 euros que debería haberle pagado el condenado por los daños causados.
El responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, Francisco Cruz, ha valorado muy positivamente la resolución administrativa y ha declarado que “Interior no podía sino estimar la pretensión planteada, porque a este caso le es aplicable el principio de indemnidad que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y la consiguiente reparación que se deriva de dicho principio, teniendo en cuenta que nuestro afiliado sufrió por causa de su actuación pública unos daños, correspondiendo al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, asumiendo la indemnización al afectado por las lesiones y secuelas sufridas. De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado reiteradamente en ese mismo sentido”.
Y ha recordado que “según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles siguen aumentando progresivamente, y para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que además debe reconocerse como profesión de riesgo a los guardias civiles y policías nacionales, así como dotarles del suficiente material de defensa y protección, como son por ejemplo las pistolas táser”.