En 2017 se condenó a ocho vecinos de Puente Genil, cuatro hombres y cuatro mujeres, a penas que sumaban más de treinta y siete años de prisión por agredir a cuatro guardias civiles para impedir la detención de un requisitoriado, fijando indemnización para uno de los agentes por las lesiones sufridas y quedando pendientes las acciones civiles de los otros agredidos porque en aquel momento aún se encontraban en periodo de recuperación.
Los servicios jurídicos de AUGC han asesorado y representado a esos dos guardias civiles, obteniendo una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puente Genil mediante la que se condena a los ocho vecinos de dicha localidad a indemnizar con 13.850 euros, más los intereses legales, a los dos agentes por las lesiones sufridas.
Los hechos tuvieron lugar cuando los guardias civiles intentaban detener en la calle Bailén de Puente Genil a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de ingreso en prisión, el cual comenzó a propinar golpes y patadas a los agentes, mientras que otro de los acusados empujó a uno de los guardias contra una puerta de cristal para evitar que le pusiera los grilletes al requisitoriado y le propinó un fuerte puñetazo en la cara a otro de ellos.
A pesar de ello los agentes continuaron intentando introducir al detenido en el vehículo policial, mientras les daban patadas y puñetazos y uno de los agresores gritaba “bajar para abajo, que se lo llevan, a esta gente hay que matarlos, os vamos a matar, de aquí no salís vivos, salid, que se lo quieren llevar, echadnos una mano joder, que no se lo lleven estos hijos de puta”. Inmediatamente bajaron de las viviendas entre 25 y 30 familiares y vecinos, insultando, amenazando y agrediendo a los guardias civiles con fuertes puñetazos y patadas, tirándolos al suelo y arrinconándolos contra la pared, hasta conseguir que huyera el detenido.
AUGC lleva años denunciando que Puente Genil es una de las localidades de esta provincia que registra más agresiones a guardias civiles. De hecho, más del 40% de los accidentes que sufre este colectivo son consecuencia de agresiones físicas, según un informe de la Dirección General del Cuerpo.
Por ello, AUGC viene reclamando reiteradamente que se modifique el código penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y se refuerce la protección jurídica tanto a los agentes como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren.