Hace unos días se hacía pública una noticia en la que se acusaba a la Guardia Civil de un enfrentamiento con la seguridad de una empresa privada con los que trabajan conjuntamente en las instalaciones de Nuevos Ministerios que actualmente son competencia de la Guardia Civil, y esto incluye tanto la zona exterior de seguridad, así como el interior de todos sus edificios y personas que trabajan a diario en ellos. Complejo de edificios que carece de 'zona de exclusión' donde no esté permitido, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el portar sus armas.
El litigio surge cuando agentes privados no permitieron acceder a las instalaciones a guardias civiles armados basándose en una medida que no ha sido aprobada por el Ministerio del Interior, sino que es un Reglamento que se ha inventado y elaborado, por propia iniciativa, el Director de Emergencia y Crisis del Ministerio de Fomento, en una clara extralimitación de sus funciones en base a la legislación anteriormente mencionada. Cualquier orden que vaya encaminada a obligar a los agentes para que no porten sus armas, en según qué lugares, es contraria a la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la de Seguridad Ciudadana y al propio Reglamento de Armas.
La falta de respeto profesional a nuestros compañeros al aplicarles ese Reglamento, obligándoles a dejar sus armas, raya la ilegalidad y la falta de decoro profesional, y genera una indefensión total, al no dejarles portar su arma, que puede conllevar que, frente a un ataque o agresión, no puedan defenderse y proteger a los trabajadores públicos de dichas instalaciones.
Por si no fuera suficiente, en ocasiones los vigilantes de seguridad, solicitan un DNI a los agentes que prestan servicio en esas instalaciones, e incluso hacen fotocopias del mismo o se les priva momentáneamente de él. Estas situaciones a parte de no tener ningún sentido, puede contravenir la legislación, cuando desde siempre los componentes de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, se identifican con su número de carnet profesional (TIP), tal y como hacen Policías Nacionales y miembros de otros cuerpos.
Por ello no entendemos el motivo que lleva al Director de Emergencias y Crisis del Ministerio de Transporte a dar dichas órdenes a los vigilantes de seguridad, cuando lo único que probablemente busca con ello es un enfrentamiento innecesario con los trabajadores de la Guardia Civil.
Frente a este tipo de situaciones de tensión, queremos destacar que no existe coacción ni amenazas por parte de los guardias civiles hacia los vigilantes de seguridad. Nuestros compañeros mantienen una relación cordial con el personal de la empresa de seguridad, los cuales son obligados a cumplir las ordenes presuntamente ilegales que imparte el Director de Emergencia y Crisis del Ministerio de Fomento, y se sienten avergonzados por la situación que ello genera, por no decir otros adjetivos.
También queremos recordarle al Director que, el artículo 41.3 de la Ley de seguridad privada delimita muy claramente las competencias de la seguridad privada en los Organismos Públicos, situándolos a las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que le invitamos a leer y recordar dicha normativa, antes de generar futuras polémicas indeseadas.
En AUGC, como asociación profesional que defiende a trabajadores, no podemos mostrarnos insensibles con la grave situación de presión laboral que reciben los vigilantes de seguridad privada, que a parte de desarrollar sus labores con profesionalidad, son víctimas de unas órdenes que no se ajustan a la legalidad, y que por temor a recibir represalias, obedecen en ocasiones contra su voluntad, motivo por el cual invitamos a nuestros compañeros de otros sindicatos a ponerse en contacto con nosotros para solventar esta problemática, esperando una pronta recuperación de todos los trabajadores de seguridad privada que se encuentran de baja médica, y mandándoles todo nuestro apoyo y el de todos los guardias civiles de la UPROSE que prestan servicio en Nuevos Ministerios.
Por último, queremos decir que desde AUGC apoyamos las instrucciones que se han dado desde la Unidad de Protección y Seguridad para el correcto funcionamiento del servicio de seguridad, y reclamamos urgentemente la anulación de todas las posibles órdenes ilegales dictadas, así como el total respeto y consideración, por parte del Ministerio de Transportes, a los guardias civiles que prestan servicio en esas instalaciones, frente a las órdenes ilógicas e ilegales impartidas por la Dirección de emergencias y seguridad del Ministerio, que han generado también problemas, no solo con guardias civiles, sino también con policías nacionales que han querido acceder al edificio, y con los propios vigilantes de seguridad, que se encuentran en medio de la situación.