Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron víctimas de la violencia que ejerció la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en el País Vasco y en el resto del territorio nacional. La situación que vivieron estos agentes destinados en el País Vasco entre 1978 y 1999 y la vulneración de sus derechos deben ser reconocidos y el sufrimiento reparado. La Ley 12/2016, de 28 de julio, fue creada para ello. Sin embargo, el Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del legislativo autonómico, José Antonio Rodríguez Ranz, está inadmitiendo las solicitudes realizadas por los Guardias Civiles y por el resto de Cuerpos policiales que fueron víctimas del terrorismo. No les reconoce la condición de víctimas y, por lo tanto, tampoco podrán percibir la indemnización correspondiente.
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la resolución denegatoria del Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación no tiene justificación: Expone que las descripciones que realizan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco sobre la violencia sufrida, las agresiones y otros actos terroristas de ETA u organizaciones de su entorno no están contemplados por la Ley 12/2016. Según el Gobierno Vasco, “no se tratan de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado”. AUGC está frontalmente en contra de esta argumentación que resulta insuficiente para inadminir la serie de peticiones que se ajustan a la jurisprudencia ya consolidada.
Los agentes de la Guardia Civil, así como el resto de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado agraviados, tienen que ser reconocidos como víctimas del terrorismo de ETA. Todos ellos sufrieron la violencia de la organización terrorista entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, el período de aplicación previsto en la Ley 12/2016.
Ante la transgresión del legislativo autonómico, los integrantes de las FCSE prevén presentar un recurso de alzada contra la resolución emitida por el Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pone a disposición de los afiliados afectados los servicios jurídicos. A los miembros del Instituto Armado, al igual que a los demás, no se nos puede negar la condición de víctimas de ETA por el simple hecho de ser unos trabajadores públicos.