Pese a que desde hace semanas la crisis del coronavirus acapara la mayor parte de la actividad de AUGC, la organización continúa trabajando en otros aspectos importantes para los guardias civiles. Es el caso de la aplicación pendiente del tercer tramo del Acuerdo de equiparación salarial, una reivindicación fundamental que debe culminarse y que, con la desafortunada propuesta que se nos ha realizado recientemente desde la jefatura de Personal de la Guardia Civil, ha cobrado actualidad.
¿Dónde estamos y de dónde venimos en cuanto a cumplimiento del Acuerdo de equiparación?
Como sabemos, en marzo de 2018 se firmó el acuerdo entre el Gobierno de España y los representantes de policías y guardias civiles. A finales de mayo de ese mismo año, se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado (aún hoy vigentes) donde se reflejó la primera cantidad pactada en el acuerdo: 182,9 millones de euros. En ese año, se respetó el reparto del montante total acordado, consistente en el 59% para Guardia Civil y el 41% para Policía Nacional. Su aplicación fue lineal, al no existir aún el informe de la consultora que estableciese criterios de equiparación puesto a puesto, resultando una cantidad de 196 € mensuales para cada guardia civil (176 € retribuidos mediante el CES y 20 € por el complemento de productividad), que cobramos en la nómina de octubre de 2018, con carácter retroactivo desde enero.
En agosto de 2019 se emite el informe por parte de la Consultora E&Y. Dicho análisis viene viciado de inicio, puesto que el Gobierno ha decidido, saltándose una cláusula fundamental del acuerdo, tasar como cantidad máxima para la equiparación, los 807 millones que el acuerdo fijaba como montante de partida
Tan solo a unos días de la aprobación de los presupuestos - en junio de 2018 - prospera la primera moción de censura en democracia, dando lugar a un cambio en el Gobierno estatal, con sustituciones de todos los puestos de responsabilidad ministeriales que afectaban al proceso de equiparación. En 2019 no prosperaron los presupuestos generales del Estado por falta de apoyo parlamentario y el Gobierno, mediante Real Decreto Ley, consigna la cantidad correspondiente al 2º tramo de equiparación, consistente en la cantidad de 250 millones de euros. El reparto se altera unilateralmente, aumentando el de Policía Nacional un 1,72%, en detrimento del presupuesto de Guardia Civil, lo que se impone, pese a la oposición rotunda de todas las asociaciones de guardias civiles firmantes.
Siguiendo con el devenir de los acontecimientos, en agosto de 2019 se emite el informe por parte de la Consultora E&Y. Dicho análisis viene viciado de inicio, puesto que el Gobierno ha decidido, saltándose una cláusula fundamental del acuerdo, tasar como cantidad máxima para la equiparación, los 807 millones que el acuerdo fijaba como montante de partida, al que se incorporarían las cantidades necesarias tras el estudio. Hecho que reconoce en su informe la propia consultora, considerando insuficiente tal cantidad, como ya señalamos las asociaciones firmantes en las negociaciones y que, precisamente, fue lo que motivó su contratación.
¿Qué ocurre actualmente con el tercer tramo del Acuerdo de equiparación?
Desde el Gobierno han sido múltiples las intervenciones donde se comprometen a hacer efectivo el pago del tercer tramo - 247 millones de euros para los dos cuerpos policiales estatales - mediante los presupuestos generales del Estado. Pero nuevamente, la situación social y política influye drásticamente en la consecución del Acuerdo de equiparación. De manera que esta opción ya ha sido descartada por el propio Ejecutivo. Lo que solo deja la vía, tal como ocurrió el año anterior, del Real Decreto-ley como herramienta para hacerlo efectivo.
Cuando la situación actual de estado de alarma se vaya normalizando, el Gobierno debe cumplir con la tercera parte del acuerdo y con su reiterado compromiso de hacerlo, aun sin presupuestos generales.
Los trabajos para consensuar el reparto dentro del ámbito de Guardia Civil han comenzado. Como cuestión previa cabe señalar que todas las asociaciones profesionales firmantes han reclamado que se vuelva al reparto acordado, que fue, recordemos, el que cuantificó inicialmente, en el marco de las negociaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad y posteriormente corroborado por el informe de la consultora E&Y, consistente en una adjudicación porcentual del 59% para Guardia Civil y 41% para Policía Nacional. O lo que es lo mismo: 150 millones totales, pues a ese porcentaje del 59 % hay que sumarles los 4,3 M de euros detraídos a Guardia Civil en el segundo tramo (que supone el 1,72 %).
Sentado lo anterior, y siguiendo con los trabajos de aplicación del tercer tramo del Acuerdo de equiparación, la primera propuesta que han realizado los mandos responsables del MAPER a las asociaciones, es inaceptable por parte de AUGC, y lo es porque, a las normas complementarias de regularización de algunos CES que aceptábamos, condicionadas - recordemos - a la distribución del porcentaje destinado a productividad para el personal del régimen general de prestación del servicio, se han sumado otras normas (que la DGGC llama de armonización) que hacen que el montante de esas cantidades (regularización y armonización de algunos CES) pase de los 11 millones fijados en el año 2018, a 24 millones, y que supondrían que, el empleo más desfavorecido en el reparto, sea el de guardia civil.
Ello disponiendo de partidas para empleos y puestos de trabajo ya equiparados, en detrimento de otros que aún lo están lejos. Y lo más grave, siguen sin aceptar un aumento del complemento de productividad para el régimen general, que también fue el más perjudicado en la norma que lo regula y que data del año 2014.
En este momento nos encontramos en una fase previa, de cálculo de aplicación del tercer tramo. Lógicamente, ahora, en el Ministerio del Interior tienen otras prioridades y no se baraja efectuar la ejecución de este tercer tramo de forma inmediata. Pero todo llegará a su debido momento. Cuando la situación actual de estado de alarma se vaya normalizando, el Gobierno debe cumplir con la tercera parte del acuerdo y con su reiterado compromiso de hacerlo, aun sin presupuestos generales.
Desde AUGC se trabaja también para la implantación de otra cláusula muy importante del Acuerdo: la que dispone la cantidad de 100 millones por cada ejercicio presupuestario, para incentivar el reingreso del personal en Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.