El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha admitido la personación como acusación popular de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en las diligencias previas que se están instruyendo por el supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia durante los últimos años, que motivó la detención de un sargento del Cuerpo y varios empresarios, por la presunta comisión de delitos tan graves como los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho.
El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “nuestra solicitud de personación se ha fundamentado en el perjuicio al interés general de los ciudadanos y especialmente a los propios guardias civiles que trabajan en esta provincia, teniendo en cuenta que los estatutos de AUGC recogen como uno de sus fines el ejercicio de la acción popular en casos de corrupción que directa o indirectamente puedan perjudicar la imagen de la Guardia Civil y de quienes la componen”.
Y ha añadido que “en dichos estatutos también se establece la colaboración con la acción judicial para la averiguación y esclarecimiento de hechos delictivos, por lo que próximamente vamos a poner a disposición del juzgado toda la información que AUGC lleva años recabando en relación con esa supuesta trama, a pesar de las trabas puestas por la Dirección General de la Guardia Civil”.
Por otro lado, el secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, ha expuesto que “nuestra intención es que se investiguen y aclaren todas las actuaciones llevadas a cabo durante años en el negociado que se encarga de los contratos públicos y las obras que se realizan en las dependencias de la Guardia Civil en esta provincia, así como que se depuren las responsabilidades a todos los niveles, afecten a quien afecten y ya sean de tipo penal o administrativo. Nuestra asociación nació hace treinta años precisamente para luchar contra la corrupción y, del mismo modo que ya hemos hecho anteriormente en otros casos por todo el país, ahora en Córdoba vamos a velar por la institución y especialmente por los guardias civiles, que en su gran mayoría sirven con honradez y profesionalidad a los ciudadanos, a veces en condiciones precarias e incluso poniendo en riesgo su seguridad y sus propias vidas”.