El Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad se reunieron ayer por la mañana con el personal de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, integrada en el Ministerio del Interior. En el encuentro se hizo entrega de un informe extenso y detallado donde planteamos algunos de los principales problemas que afectan a las Unidades de Protección y Seguridad junto a propuestas y alternativas para darles solución.
El asunto principal de la reunión ha sido la histórica reclamación de AUGC para que se modifique y actualice el protocolo establecido en 2009 sobre la realización de las conducciones y custodias de internos de Centros Penitenciarios. Las custodias de dichos internos en los centros hospitalarios y médicos han de ser asumidas por cada Cuerpo policial dentro de su respectivo ámbito territorial, evitando así la grave problemática que afrontan muchas Unidades de la Guardia Civil al tener que encargarse de numerosas custodias en demarcaciones que están bajo competencia de la Policía Nacional.
El problema expuesto no afecta únicamente a los Guardias Civiles, también lo sufren los propios internos de los Centros Penitenciarios. Ante la falta de agentes para darles traslado se han visto en la obligación de cancelar más de 13.000 pruebas médicas y consultas en los últimos seis años.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha alegado que el criterio del año 2009 se adoptó por razones de eficacia y operatividad, pero esos son los mismos motivos por los que deben revisar y actualizar el protocolo. Han de adaptarlo a las circunstancias actuales y es lo que les hemos hecho saber.
Por otro lado, es necesario que se dé cumplimiento a lo establecido en la Ley y se proceda a transferir a las Autonomías aquellos servicios sanitarios que dependan de Instituciones Penitenciarias. De este modo quedarían integrados en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Y no solo es porque se está incumpliendo la normativa regulatoria que data de 2003, sino porque esa transferencia de competencias resultaría beneficiosa para el Ministerio del Interior y para las propias Comunidades Autónomas. Las personas internas de los Centros Penitenciarios recibirían así mejor atención sanitaria y no perderían sus pruebas o consultas médicas.
En tercer lugar, se han planteado los graves riesgos de seguridad que se producen durante los traslados y custodias de presos en los centros hospitalarios y sedes judiciales. La falta de instalaciones adecuadas para las custodias provoca que en muchas ocasiones se prolongue durante varias horas, a lo que hay que añadir la carencia de zonas seguras para la extracción de presos desde los vehículos celulares y policiales y el peligro para la seguridad que ello conlleva. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones, esto da lugar a fugas y ataques contra los agentes.
También manifestado que la mayoría de Unidades y Servicios de Protección y Seguridad reciben medios “heredados” de otras Unidades. En ocasiones incluso de otras Administraciones que, tras años de uso, les quedaron obsoletos y prácticamente inservibles. No sólo se trata de material policial o vehículos, también mobiliario y equipos informáticos. Por eso, hemos solicitado a la Dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad una dotación adecuada y digna para las Unidades.
Del mismo modo, se han solicitado vehículos que reúnan las mínimas condiciones de seguridad y salud laboral. Actualmente en muchas de esas Unidades se trabaja con unos muy viejos que sufren continuas averías, que tienen elementos rotos o muy deteriorados y que ni tan siquiera llevan aire acondicionado o calefacción. Además, la renovación de la flota de vehículos celulares es una necesidad para los Guardias Civiles que prestan servicio en estas Unidades. Tienen que reunir las condiciones técnicas establecidas en 2015 y los que no dispongan de dichos requisitos mínimos, no se deberían utilizar.
Durante la reunión hicimos saber al personal de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuál es nuestro posicionamiento sobre el contrato con seguridad privada en Centros Penitenciarios: No se debería renovar porque en esos puestos han de reservarse para la incorporación del personal de la Guardia Civil en situación de reserva. Esto supondría un considerable ahorro para las arcas públicas y contribuiría al cumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo para la equiparación salarial.
Para finalizar, expusimos la necesidad de la adaptación de los contenidos que se imparten al personal de Protección y Seguridad en las jornadas PATIO. Es una formación específica que está relacionada a funciones concretas, por lo que su actualización no es discutible. También hubo tiempo para reivindicar que el Servicio de Prevención de la Dirección General de la Guardia Civil elabore y publique un Manual de Prevención de Riesgos Laborales en las Unidades y Servicios de la especialidad.
Agradecemos la recepción, el interés y la actitud que han mostrado los integrantes de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad durante la reunión. Esperamos acciones y mejoras.