La Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Federación de Servicios a la Ciudadanía y la de Enseñanza de Comisiones Obreras tendrán una reunión el día 16 de diciembre con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá.
Los motivos que llevan a esta reunión son de sobra conocidos por los Guardias Civiles. Uno de ellos es el reconocimiento a la jubilación anticipada, demanda incluida en la manifestación del pasado 26 de noviembre a la que asistieron miles de Guardias Civiles y de Policías Nacionales convocados por AUGC y el SUP. Será un asunto a tratar en el encuentro, además de las deficiencias que presenta el sistema de clases pasivas y los recortes e inconveniencias de la asistencia sanitaria de las Mutualidades del Estado –Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Mutualidad General Judicial (MUJEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)–.
En el primer bloque del encuentro se abordará la mencionada jubilación de Guardias Civiles y Policías Nacionales. Estamos trabajando para que la Administración acceda a configurar una jubilación en con índices correctores para los integrantes de ambos Cuerpos. En 2009 la Ertzaintza consiguió el reconocimiento a la jubilación anticipada, en 2019 la Policía local y en enero de este año Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra. El riesgo y la penosidad es la misma o incluso mayor, por eso pedimos ser como ellos, para poner fin a esta brecha salarial y disponer del mismo derecho por Ley.
Posteriormente, está previsto tratar las deficiencias e inconvenientes que tiene el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Hoy en día es una realidad que un Guardia Civil o un Policía Nacional pierde entre un 30 y un 35 % de sus retribuciones cuando llega la edad del pase a su jubilación, algo que también ocurre si decide hacer uso de la reserva sin destino. Hay que activar un mecanismo que actúe como cobertura y protección frente a la jubilación, la viudedad, la orfandad y la incapacidad.
En un segundo bloque detallaremos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en qué aspectos las compañías asistenciales no están cumpliendo los conciertos sanitarios suscritos. Entre las infracciones se encuentran las que afectan a los parámetros de calidad o las prestaciones obligatorias que deben ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los Conciertos sanitarios. Es un hecho que, con el paso del tiempo, los beneficiarios de este régimen hemos ido perdiendo garantías y asistencias.
Del mismo modo, expondremos los destacables recortes en los cuadros médicos, los pocos centros asistenciales que hay, la eliminación de clínicas y especialidades médicas, el cobro de algunas pruebas a los mutualistas o el gasto que se produce por el copago farmacéutico motivo por el cual estamos recogiendo firmas para la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular que lo suprima. Hay que paliar la diferencia que hay entre lo que gasta en fármacos un mutualista y una persona adscrita al Régimen General de la Seguridad Social, que supone un coste de más de 150 euros mensuales, aproximadamente. Es urgente la revisión y la actualización debido a todos los recortes sufridos que están afectando a las ayudas sociales.
Las Asociaciones y Sindicatos expondremos ante el Ministerio que queremos recuperar la totalidad de las prestaciones suprimidas o recortadas desde 2012, haciendo especial hincapié en las de carácter socio sanitario. Solicitaremos que los mutualistas jubilados tengan el mismo pago de los medicamentos que los beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social.