La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha venido posicionándose de manera inequívoca contra la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, sin distinción de empleos o escalas, en el ejercicio de sus funciones policiales. Fruto del trabajo serio y responsable, AUGC logró en el año 2007 que el Parlamento reformara esta norma, logrando un amplio consenso para que se tasaran los casos de aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil a los siguientes supuestos:
a) En tiempo de conflicto armado.
b) Durante la vigencia del estado de sitio.
c) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.
d) Mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.
Pero, lamentablemente una modificación del año 2016 supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles y en el avance del Cuerpo hacia su modernización, retrocediendo con una contrarreforma por la que anulaban los avances adquiridos. En esta cuestión existe mayoritariamente un posicionamiento similar entre el conjunto de las asociaciones profesionales en la Guardia Civil, organizaciones que nacieron para mejorar el funcionamiento del Cuerpo y avanzar en las condiciones profesionales de sus miembros.
Por este motivo, llama la atención una asociación en concreto, la Unión de Oficiales, quienes han ido variando su posicionamiento, en este y otros asuntos, hasta convertirse en la voz de la cúpula de la Guardia Civil, el generalato. Lo que esconde esta asociación, y que es la causa que está detrás de este giro, es una estrategia para llamar la atención, aunque sea entorpeciendo posibles avances para los guardias civiles. Esta estrategia pasa por intentar atraer a nuevos seguidores, ante la unificación de escalas de oficiales y, por ello la lucha interna en el Consejo para ocupar un lugar entre dicha asociación y la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) que hoy en día aglutina a los altos mandos de la institución.
En este sentido, la última actuación mezquina de esta asociación ha sido una respuesta a un comunicado de AUGC sobre los ingresos en prisiones militares por parte de guardias civiles, donde afirmamos que el 90% de las condenas por aplicación del Código Penal Militar corresponde a la escala de Cabos y Guardias Civiles.
Para AUGC, no es necesario desgranar estadísticamente los casos, para inquietarnos por que, en tiempos de paz, un servidor público tenga que ingresar en una prisión militar por delitos militares. Con que exista un solo efectivo, es más que suficiente para tenerlo en cuenta, preocuparnos y denunciarlo.
De los datos facilitados a AUGC a través del portal de transparencia, queda de manifiesto que el 57% de las condenas por juzgados militares contra la escala de cabos y guardias, lo es por delitos de insulto a superior. Por insultar a un mando (da igual el insulto según ha dejado claro el Tribunal Supremo) un Guardia Civil puede sufrir una condena de un mínimo de tres meses de prisión militar.
Sin embargo, la Guardia Civil no parece mantener el mismo criterio cuando dichos insultos se dirigen a los de inferior empleo, y tenemos ejemplos de sobra, de los que podríamos dar numerosos ejemplos.
Y es que, cuando decimos que la Justicia Militar no es imparcial, y que la escala de Cabos y Guardias es la más castigada, tenemos datos que lo respaldan, como se puede apreciar, donde el trato varía dependiendo del empleo del infractor. Además, el número tan ínfimo de casos entre la escala de Oficiales hace que no resulte posible realizar una comparativa estadística entre escalas.
Lo que algunos no parecen entender es que, AUGC no está en contra de que se sancionen los insultos a su superior (como no podría ser de otro modo) pero, para ello, ya existe un Régimen Disciplinario que, como ya ha puesto en relieve el informe GRECO, origina un número expedientes en el que casi se triplica a los de Policía Nacional.
AUGC seguirá trabajando por mejorar las condiciones sociales, profesionales y económicas de los guardias civiles, sin importar escala ni empleos, o los obstáculos que tengamos que sortear, incluidos los que traten de interponer “entes” como la Unión de Oficiales, que obedecen a intereses sombríos que se encuentran lejos de los fines para los que se crearon las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.