AUGC, conjuntamente con el resto de asociaciones profesionales, ha enviado un escrito al ministro del Interior, en su calidad de presidente del Consejo de la Guardia Civil, para que convoque lo antes posible un pleno extraordinario con la finalidad de tratar la situación de afectación tras la sentencia del Supremo respecto a la actualización que debe sufrir el complemento de productividad.
El carácter urgente de esta solicitud se apoya en la necesidad de abordar una solución lo más rápida posible dado que los plazos de prescripción, al amparo del artículo 25 de la Ley General Presupuestaria, corren en contra de los intereses económicos de los guardias civiles.
En el orden del día de ese pleno extraordinario, AUGC pide que se incluya, en primer lugar, la valoración del Consejo de la Guardia Civil de la situación generada por la Sentencia Tribunal Supremo, así como la afección de la sentencia a la vigente Orden General 4/2021 (BOGC nº 7) de Incentivos con fines de actualizar sus cuantías de modo que las percepciones vigentes no sean inferiores a las de años anteriores.
Hay que recordar que por esta sentencia se reconoce el derecho del demandante a que se le abone la productividad, con la actualización del complemento de destino que fijen los presupuestos del Estado, en contra de la tesis de la Administración de que dicha cuantía resultaba fija y relacionada con los Presupuestos Generales del Estado de una fecha concreta.
AUGC pide al Consejo que, especialmente, aclare si procederá de oficio a la regulación de los importes, o si, por el contrario, será necesaria la reclamación de cada uno de los guardias civiles, originando con ello la presentación de miles de docenas de reclamaciones, con la consiguiente carga de trabajo tanto para la Guardia Civil como para el Ministerio de Justicia.
Dado, además, que hablamos de una sentencia del Supremo, cabe esperar que prosperen las reclamaciones, con la consiguiente condena de costas a la Administración en cada una de ellas, con los correspondientes intereses.
Para AUGC, por lo tanto, es necesario que la DGGC actúe de oficio y pueda resarcir económicamente a los perjudicados por esta deficiente gestión.
En caso contrario serán los servicios jurídicos de AUGC quienes inicien el procedimiento, poniendo a disposición de todos sus afiliados los mecanismos necesarios para solicitar la reclamación.