Ambas organizaciones además de la referida denuncia frente al Parlamento Europeo han remitido una carta a Interior en la que urgen al ministro a que tome medidas para acabar con la situación que viven los funcionarios de ambos cuerpos, especialmente en esta época del año donde los precios de los establecimientos hoteleros se disparan.
Unas dietas que no han sido actualizadas desde su primera publicación, hace 20 años y que obligan a cientos de funcionarios a poner dinero de sus bolsillos para manutención y alojamiento en los servicios que los requieren, tan abundantes en muchas unidades de ambas corporaciones.
Así mismo, queremos recordar que el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, prevé en su artículo 11, que los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Pública, conjuntamente, podrán autorizar que, excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades el territorio nacional, la cuantía de las dietas por alojamiento puede elevarse para casos concretos y singularizados debidamente motivados, hasta el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos producidos.
Medida que se ha activado en anteriores ocasiones con carácter provisional y que pedimos activen nuevamente de manera urgente desde la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).
Recientemente la Administración nos ha dado la razón y como consecuencia del requerimiento a un compañero para que se desplazara en comisión de servicio, ante la imposibilidad de este de encontrar disponibilidad en un establecimiento hotelero que ajustara su precio a la cuantía de la indemnización de dieta por alojamiento, correspondiente a su grupo de pertenencia; tuvo que alojarse en uno cuyo precio era superior a la cuantía estipulada, exceso que debido al buen hacer de nuestro gabinete jurídico se ha logrado su abono.
Es urgente que se adopten las medidas oportunas para acabar con esta situación y que se revisen y actualicen las dietas de policías nacionales y guardias civiles. Es inaudito que ningún funcionario tenga que detraer dinero del presupuesto familiar para prestar su servicio.
Esperamos que las acciones que hemos acometido en el día de hoy arrojen soluciones al problema y pongamos fin a una lamentable situación que daña la imagen de ambas instituciones.