Nuevo éxito de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de la Delegación de Toledo ya que han prestado asistencia a través de su abogado provincial, Andrés Díaz Moñino, a dos afiliados que fueron víctimas de lesiones en acto de servicio.
Los hechos ocurrieron en una plaza de la localidad toledana de Valmojado en la mañana del día 9 de septiembre de 2023.
Las agresiones sobrevinieron después de que en un hostal llamaran a la Guardia Civil debido a que había un grupo de personas que estaban molestando a primera hora de la mañana. Los agentes fueron comisionados para acudir en apoyo de otros compañeros, ante una grave alteración del orden público provocado por varios ciudadanos que desembocó en diversos delitos de atentado y lesiones contra los agentes actuantes, motivo por el que el Juzgado de Instrucción, que conoció y que llevó a cabo la investigación de los hechos, acordó la prisión provisional de cuatro de los investigados.
La Sentencia dictada por la Sala de la Audiencia Provincial de Toledo, condena a todos los acusados, y con respecto al autor de las lesiones de los dos afiliados de esta delegación de AUGC de Toledo, impuso las penas de 1 año y 15 días por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, 3 años de prisión por un delito de lesiones agravadas y 1 mes de multa por un delito leve de lesiones, además del abono de sendas indemnizaciones a los agentes por cuantía de 4.140 euros por los 41 días de sanidad que necesitó el primero de ellos, y de 150 euros por los 2 días de sanidad que necesitó el otro compañero.
Cada año que pasa las agresiones sobre la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumentan ya que cada mes hay una media de 1.200 agentes agredidos en el ejercicio de sus funciones policiales y resultando inaceptable que todavía existan carencias en los equipamientos tan fundamentales como la dotación de pistolas táser porque les permiten actuar con mayor eficacia y seguridad en situaciones de riesgo.
Es responsabilidad del Gobierno proveer de los medios necesarios a los agentes ya que se enfrentan a diario a peligros en defensa de la ciudadanía y del orden público, por lo que exigimos al Ministerio del Interior que actúe con celeridad para la adquisición y distribución de este material para los guardias civiles que llegan en primer lugar a los avisos conflictivos.
De la misma manera que solicitamos que se reconozca a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo al igual que lo tienen reconocido el resto de policías autonómicas y locales de este País, dado el nivel de peligrosidad que hay en su trabajo y que llega a su propia integridad física como así les sucedió a los agentes que actuaron en la localidad de Valmojado.
Desde AUGC seguiremos pidiendo a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) para que realicen las modificaciones pertinentes en el Código Penal donde este tipo de delitos tengan un endurecimiento de sus penas con el fin de reforzar el principio de autoridad de los agentes y para que los Jueces apliquen el máximo rigor penal y sancionador posible ante este tipo de hechos, garantizándose así la seguridad y protección de los guardias civiles que velan por la seguridad de todos los ciudadanos.