La Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha mantenido reuniones con distintos parlamentarios para trasladarles sus propuestas con el fin de mejorar los Servicios de Protección y Seguridad de la Guardia Civil y garantizar aquellos derechos de las personas internas en centros penitenciarios que actualmente tienen una aplicación deficiente.
Por un lado se ha reunido con el diputado de Sumar Enrique Santiago, portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, y José Manuel Gómez, diputado del Parlamento de Andalucía. Y por otro lado con el diputado de VOX José Ramírez.
En dichos encuentros los representantes de AUGC han propuesto a los parlamentarios que requieran a Interior para que modifique y actualice el protocolo establecido en 2009 para la realización de las conducciones y custodias de internos de centros penitenciarios, al objeto de que las custodias en los centros hospitalarios y médicos sean asumidas por cada cuerpo policial dentro de su respectivo ámbito territorial, evitando así la grave problemática a la que se enfrentan actualmente muchas unidades de la Guardia Civil, al tener que encargarse de numerosas custodias que deberían corresponder a la Policía Nacional en demarcaciones de su competencia.
Se trata de un problema que afecta principalmente a los propios internos, que ven canceladas muchas de sus consultas y pruebas médicas –más de 17.000 en los últimos ocho años– debido a la falta de agentes para trasladarles, pero además genera sobrecargas de trabajo y riesgos a los guardias civiles encargados de estos cometidos.
Por otro lado, han puesto de manifiesto la necesidad de que Interior agilice los trámites necesarios para renovar la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, con el fin de que cumplan las especificaciones técnicas mínimas establecidas en una orden ministerial de hace más de ocho años, así como que mientras tanto se impartan instrucciones para que dejen de utilizarse los vehículos que no reúnen dichos requisitos mínimos de seguridad, porque se está trasladando a los internos de centros penitenciarios y a los detenidos sin cinturones de seguridad y con asientos rudimentarios orientados lateralmente, con los graves riesgos que implica para su integridad física e incluso su vida, teniendo en cuenta que esos vehículos recorren miles de kilómetros cada año.
Además, la Comisión de SEPROSE ha expuesto a los diputados que el Gobierno y las comunidades autónomas están incumpliendo desde hace más de veinte años la Ley 16/2003, la cual dispone que se transfieran a las Comunidades Autónomas los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, con el fin de mejorar la atención sanitaria que reciben las personas internas y reducir considerablemente el excesivo número de conducciones y traslados que se realizan actualmente, con los problemas que ello conlleva tanto por las miles de consultas y pruebas médicas canceladas, como por los graves riesgos que generan ese tipo de servicios y los ingentes recursos humanos y medios materiales que se precisan para desempeñarlos.
También ha trasladado la necesidad de que los juzgados y hospitales tengan garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos y detenidos de los vehículos celulares y policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora en todas las provincias. Así como que se habiliten en los centros hospitalarios dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios.
AUGC ha propuesto a los parlamentarios que se inste al Gobierno y al Ministerio del Interior para que no se renueve el contrato de seguridad privada en centros penitenciarios y que se incorpore a personal de la Guardia Civil en situación de reserva para desempeñar los cometidos que vienen prestando esas empresas, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas, porque ya se han derrochado más de 400 millones de euros en esos contratos.
Por último, ha quedado de manifiesto la necesidad de dotar a esas unidades –Seguridad Penitenciaria, Núcleos de Servicios, UPROSEs– de medios adecuados y dignos, así como que a dicho personal se le imparta formación específica relacionada con sus cometidos concretos, no se les asignen funciones que no les corresponden, y cuenten con una regulación específica para poner fin a la actual desorganización, desigualdad e inseguridad jurídica para quienes las componen.
Los diputados de ambas formaciones han mostrado interés por las propuestas de AUGC y se han comprometido a trasladarlas a sus respectivos grupos parlamentarios, al objeto de determinar qué iniciativas concretas pueden llevarse a cabo con el fin de atajar la problemática planteada y mejorar los Servicios de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.