Los diputados del Partido Popular Isabel Prieto y Bartolomé Madrid, junto a las senadoras Cristina Casanueva y Lorena Guerra, se han reunido en Córdoba con el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Gustavo Pérez, y el responsable de relaciones institucionales, Rafael Sánchez, quienes les han trasladado las propuestas de esta Asociación profesional para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles.
Los representantes de AUGC han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que quienes componen la Guardia Civil puedan tener una jornada laboral que les permita conciliar su vida laboral y familiar, porque son los únicos trabajadores de servicios de seguridad y de emergencias que carecen de turnos de trabajo con cadencias fijas, y la dirección general está implantándolos sólo en una ínfima parte de las unidades –en esta provincia únicamente en la sección del centro penitenciario–. Además, se está excluyendo a los guardias civiles y a los policías nacionales del acuerdo para que los empleados públicos tengan una jornada laboral de 35 horas semanales.
También han expuesto que debe cumplirse íntegramente el acuerdo para la equiparación salarial publicado en el BOE en 2018, incluyendo una nueva auditoría transparente para revisar y determinar las cuantías correctas, así como la tramitación de una ley para que en el futuro no se produzcan desigualdades salariales como las que ahora existen entre los cuerpos estatales y los autonómicos, y la incorporación de personal en situación de reserva sin destino. Lo cual viene respaldado por una reciente sentencia de la Audiencia Nacional obtenida por AUGC.
Además, la asociación profesional ha denunciado que se está discriminado a los guardias civiles y policías nacionales al no reconocerles como profesión de riesgo y aplicarles índices correctores para reducir la edad de jubilación, como ya se hace con los policías locales y autonómicos, así como la necesidad de reclasificar al grupo B funcionarial las escalas básicas de ambos cuerpos. Y se han abordado otras cuestiones como el reconocimiento del derecho de sindicación en la Guardia Civil, la inaplicación del Código Penal Militar en el ejercicio de funciones policiales o en su tiempo libre, y la eliminación del copago farmacéutico para los guardias civiles retirados y jubilados.
Los parlamentarios han coincidido en la necesidad de seguir avanzando en derechos y mejoras para los guardias civiles, y han mostrado interés por las propuestas de AUGC para modernizar este cuerpo policial y mejorar la seguridad ciudadana en el medio rural y en la provincia de Córdoba, con medidas como la reorganización del despliegue territorial de la Guardia Civil, la comarcalización de unidades y reagrupación de efectivos, la dotación de personal propio para los nuevos equipos especializados, y la incorporación de personal de reserva al desempeño de cometidos administrativos.