Afrontar el aumento de la delincuencia sin el suficiente personal es una batalla complicada. Es lo que está ocurriendo en Córdoba. La provincia presenta una de las menores plantillas de la Guardia Civil y la criminalidad ha aumentado un 26,9 % durante primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2021. No es extraño que ante un acusado déficit de agentes los delincuentes puedan actuar más y mejor.
Córdoba es la gran olvidada de la Directora General, María Gámez, y esto nos ha impulsado a presentar una criminalidad superior a la de la media nacional (25,7 %) y a la andaluza (25,1 %). Con la falta de agentes apenas se pueden sacar patrullas en ciertos municipios para afrontar la problemática y, dentro de la autonomía, Cádiz es la única que supera el incremento que ha tenido Córdoba con respecto al pasado año.
Si estas estadísticas globales son desastrosas, las que hay en las zonas del ámbito competencial de la Guardia Civil no son mejores. La criminalidad es un 36 % superior con respecto al primer semestre de 2021, según el mismo balance del Ministerio del Interior que sólo incluye a las poblaciones con más de 20.000 habitantes. En ellas hay mayor presencia de agentes, por lo que es posible que en las poblaciones menores no incluidas la situación sea peor. La que tiene peor situación es Priego de Córdoba, pues los delitos han aumentado más de la mitad en el primer semestre del año (53,9 %). La posición de Puente Genil tampoco es mucho mejor (39,7 %), ni la de Montilla, con un 38,9 % más de criminalidad. Tan solo Palma del Río baja la media provincial, con un 12,9 %.
En los Puestos Principales y en los demás situados en demarcaciones de más de 20.000 habitantes se están viviendo situaciones caóticas debido a la escasez de Guardias Civiles: Se forman patrullas con efectivos de distintas poblaciones, no pueden vigilar porque tienen que desplazarse continuamente, los tiempos de respuesta ante requerimientos urgentes son lentos o se tienen que desempeñar cometidos en distintas áreas funcionales de forma simultánea.
La situación es diferente en las localidades que están bajo competencia de la Policía Nacional, como Lucena, Córdoba o Cabra. En términos generales, se puede ver que los índices delictivos son menos acusados, y no es casual. Marlaska se ha volcado en reducir casi al completo el déficit de Policías Nacionales que dejaron los siete años de mandato de Rajoy mientras que de la Guardia Civil no ha cubierto ni la mitad de la pérdida de efectivos que tuvimos durante ese período. Esta discriminación afecta inevitablemente al servicio que se presta en Córdoba, donde no se puede responder como se debería ante el auge de la criminalidad que amenaza a la seguridad de la ciudadanía.
Ante semejante escenario destacamos el esfuerzo diario que realizan los Guardias Civiles, su profesionalidad y compromiso a pesar del endémico problema de la falta de personal. La Directora General, María Gámez, debería atender lo que ocurre en la provincia y actuar; cuanto menores sean las plantillas mayores serán los índices de delincuencia y la inseguridad.
La realidad que tenemos según las estadísticas oficiales es esta: Los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 52,5 %, los robos con fuerza en todo tipo de instalaciones han subido un 44,4 %, los hurtos un 34,8 %, los robos con violencia e intimidación un 22,2 %, los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 50 %, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual un 40 % y un 200 % las tentativas de homicidios y asesinatos. La realidad que no quieren ver Marlaska ni María Gámez es que faltan Guardias Civiles en Córdoba para afrontarlos, vigilar y dar seguridad al ciudadano.