Pese a los avances para los derechos sociolaborales de los guardias civiles conquistados por el asociacionismo profesional en la última década, lo cierto es que la Benemérita rancia y cortijera continúa campando a sus anchas en determinadas comandancias. Por desgracia, en ellas todavía existen mandos que no conciben una relación laboral democrática y acotada por unas reglas de juego con los representantes de los trabajadores. Su lema sigue siendo el de dar caña al ‘sindicalista’, y lo llevan hasta sus últimas consecuencias para causar todo el daño posible, incluido el destierro de un agente y el desgarro de una familia.
La última víctima de esta línea de persecución contra los representantes de AUGC es el secretario general provincial de la delegación de Cáceres, Juan Carlos Gómez Alcaraz, un guardia civil con una trayectoria intachable, al que un mando prepotente acostumbrado a ejercer el poder con el viejo reparto de papeles entre fieles y disidentes ha perseguido con saña hasta lograr que haya sido sancionado con la pérdida de su destino en la Comandancia.
La cacería de Juan Carlos comenzó desde el mismo instante en que el citado mando llegó a la Comandancia de Cáceres y preguntó por el representante de AUGC en la provincia. Ya en la primera conversación con él le expresó su deseo de que cualquier problema que AUGC detectara se le comunicara personalmente “hablando”, lo cual ya connotaba una advertencia implícita contra la presentación de instancias oficiales o denuncias públicas de las irregularidades que se observasen desde la asociación.
Pronto el trabajo del representante de AUGC en defensa de los intereses de sus compañeros empezó a causarle problemas. Tras las notas de prensa en las que la delegación cacereña de la asociación denunciaba cuestiones como el incumplimiento de la jornada laboral o el no respeto de los descansos estipulados, detectó que las tiranteces en su relación laboral se acrecentaban, hasta el punto de que descubrió que era el único de su unidad de USECIC que no percibía el complemento de Productividad. Juan Carlos también comenzó a percibir que algunos compañeros se mostraban distantes hacia él, claramente influidos por este mando.
La difusión de otra nota de prensa de AUGC Cáceres el pasado verano en la que se denunciaban prácticas "poco éticas" de los jefes de la Comandancia al hacer regalos a hosteleros de la provincia desató definitivamente las hostilidades. A partir de ahí se recrudeció la persecución. Con exageraciones sobre detalles irrelevantes durante el servicio o acusaciones directamente inventadas y apoyadas por el testimonio de mandos intermedios afines y agentes de su confianza, confeccionó un expediente por falta grave que ha culminado ahora con la referida sanción de pérdida de destino.
Como consecuencia de ello Juan Carlos es desterrado de Cáceres, provincia donde vive desde hace treinta años. Allí se quedarán su esposa, que por motivos laborales no podrá acompañarlo, y sus tres hijas, una de ellas menor de edad.
Esa es la consecuencia de haber luchado decentemente por los derechos de sus compañeros, oponiéndose así a la arbitrariedad caciquil de un mando que, pese a estar actualmente destinado en otra provincia, sigue manteniendo a su familia alojada en un pabellón de la Comandancia de Cáceres y continúa moviéndose en ella como si aún formara parte de ella: sigue contando con llave de la oficina y dispone de ella a cualquier hora. Incluso aconseja a los suboficiales sobre cómo llevar la unidad, como si aún estuviese al mando de ella. También dispone de una plaza de aparcamiento techada oficial, asignada a los ocupantes de los pabellones.
Esta injusticia cometida contra el secretario general provincial de AUGC Cáceres se agrega a otros muchos precedentes que demuestran que la Guardia Civil todavía está lejos de ser una institución democrática y digna de un Estado de derecho.
En este sentido, y sin salir de Extremadura, esta misma semana también se producía una concentración de representantes de AUGC y otros guardias civiles frente al Palacio de Justicia en apoyo del que fuera secretario general provincial de la delegación de Badajoz, Jesús Jiménez, ‘Suso’, acusado de delito de calumnias por una nota de prensa en la que denunciaba irregularidades en la actuación de un mando. Se trata de otra muestra de la persecución que se viene produciendo en los últimos años contra representantes de AUGC por hacer uso de la libertad de expresión en el ejercicio de su defensa de los compañeros.