La pasada noche se ha dado una vuelta de tuerca más en el desafío que la delincuencia organizada en torno al tráfico de estupefacientes en el Estrecho Gibraltar mantiene contra el Estado de Derecho, cuando patrullas marítimas pertenecientes al servicio de vigilancia aduanera y la policía gibraltareña han sido tiroteadas por narcotraficantes embarcados en las lanchas semirrígidas de alta velocidad que habitualmente utilizan para este tráfico ilícito.
En este sentido, el malestar entre los cuerpos de seguridad va en aumento, especialmente entre los guardias civiles, dado que al parecer existe información de desde hace algún tiempo de que traficantes estaban comenzando a armarse, y hasta a contratar a "sicarios" para repeler las actuaciones policiales, sin que sin embargo se esté dando información completa y actualizada sobre esta cuestión, y sobre todo, sin que se estén adoptando las medidas necesarias en prevención de riesgos y la incorporación de medios adecuados para contrarrestar esta escalada de violencia.
Porque, lejos de tomar medidas contundentes contra esta lacra que tanto daño está haciendo en la sociedad gibraltareña, los responsables del Instituto armado se limitan a "echar balones fuera" arguyendo que la seguridad ciudadana es cosa de la Policía Nacional, o bien que ya se han pedido refuerzos, pero que el actual catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil no permite un aumento de plantilla operativa.
Lejos de ello, al parecer, lo que se pretende, por ejemplo, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, es cambiar el régimen de servicios, para que sus componentes pasen más tiempo en situación de localización, para parchear y dar sensación de que este servicio de emergencia está cubierto, cuando en realidad tal medida será absolutamente ficticia, y no afronta el verdadero problema, que es la escasez de recursos humanos que padece la Guardia Civil, y que en la comandancia de Algeciras es especialmente preocupante, dado el actual índice de delincuencia.