Acaba de conocerse la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se avalan las expulsiones de dos inmigrantes subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014, porque "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad", al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza".
Para AUGC, que ya había reclamado al Ministerio del Interior mayores garantías jurídicas para el trabajo de los guardias civiles en la frontera, esta sentencia debe implicar un cambio en la legislación en materia inmigratoria en la que quede claro el protocolo de actuación de los agentes frente a la entrada irregular de migrantes en territorio español.
En este sentido, debe dotarse de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras eficazmente siendo a la vez ser garantes de los derechos humanos de los migrantes.