La Asociación Unificada de Guardias Civiles debe mostrar su estupor e indignación ante la noticia de la absolución del coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella del delito de narcotráfico por el que se le ha juzgado, y por el que nuestra asociación estaba personada como acusación popular. Y ello a pesar de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada consideran "acreditado" dicho delito, si bien reconocen en el fallo que el mismo había prescrito cuando se produjo la imputación.
El coronel estaba acusado de facilitar por un soborno de 120.000 euros la entrada de un cargamento de hachís en la costa de Granada. La Fiscalía pedía para él nueve años de cárcel.
Se trata de unos hechos de especial gravedad -Santaella era en el momento de los hechos máximo responsable de los equipos antidroga de esa comandancia andaluza, y posteriormente pasó a ocupar un puesto en la Dirección General- que ahora quedan sin castigo a causa de la exasperante lentitud de la maquinaria administrativa, que de este modo provoca que quede impune una acción contra la salud pública cometida precisamente por la persona cuyo cometido era preservarla.
Para AUGC, este fracaso deja en evidencia el anquilosamiento burocrático de la Guardia Civil, que una vez más no supo reaccionar con la celeridad necesaria para combatir la corrupción dentro del Cuerpo, que tantas veces hemos denunciado.
Resulta evidente que la Guardia Civil debe aspirar a convertirse en una institución abierta y transparente, dejando atrás el hermetismo que todavía arrastra desde tiempos predemocráticos. Sólo de este modo podrán afrontarse situaciones como la del coronel García Santaella.
Esta falta de consecuencias de la comisión de un grave delito por parte de un alto mando de la Guardia Civil contrasta además, de un modo grosero y doloroso, con el ensañamiento que se produce desde la Dirección General contra agentes de base, al abrírseles expedientes disciplinarios por únicamente ejercer sus funciones como representantes de una asociación profesional. O, más grave aún, al enviar a guardias civiles a prisión al aplicárseles el Código Penal Militar por simples discusiones entre compañeros.
Es el caso del agente que en unos días ingresará en el penal militar de Alcalá de Henares, condenado por una pelea con un compañero mantenida hace nada menos que ocho años, encontrándose ambos fuera de servicio y de las instalaciones oficiales. Este agente ya fue castigado en su momento con la pérdida de destino, pero ahora además debe entrar en la cárcel como un delincuente, al haber negado el Ministerio de Defensa el indulto que había solicitado AUGC, que ante este desprecio ahora solicita la dimisión de la titular de esta cartera, Margarita Robles.
Ésta es la lamentable situación de la Guardia Civil en 2019: mientras un alto mando se libra de una condena por un grave delito “acreditado”, un agente entra en la cárcel por una pelea con un compañero mantenida fuera de servicio.