Ante la situación generada en Cataluña, AUGC debe denunciar una vez más las precarias condiciones de trabajo de los guardias civiles y su falta de derechos. De nuevo se demuestra que la Guardia Civil es una policía barata y manejable, con los trabajadores peor pagados y con menos derechos de las policías españolas.
La pasada semana ya dábamos a conocer que el director general de la Guardia Civil había aprobado una comisión de servicio no indemnizable, desde el 11 de septiembre hasta mediados de octubre, para el personal destinado hasta ahora en Cataluña que tenía previsto iniciar el citado día 11 el permiso de incorporación hacia sus nuevos destinos fuera de esta comunidad. En total, esta medida afecta a más de doscientos guardias civiles, que recibieron esa orden con sólo cinco días de antelación, después de que tuviesen ya organizada con sus familias la mudanza a sus nuevos destinos.
La consecuencia de ello es que ahora muchos de esos trabajadores, que ya habían resuelto los contratos de alquiler de sus viviendas y, en muchos casos iniciado el traslado de sus enseres, se encuentran ahora sin un techo propio bajo el que descansar, recurriendo a favores de otros compañeros que les dejan alojarse en sus viviendas en colchones improvisados. Mientras tanto, sus familias deben valérselas sin ellos en su nuevo lugar de residencia.
Se trata de una situación vergonzosa para unos trabajadores públicos que se enfrentan además en estos días a una situación de previsible estrés laboral ante el inminente referéndum ilegal del 1 de octubre.
Es decir, que nos encontramos con dos centenares largos de guardias civiles separados de sus familias y viviendo ‘de prestado’ a causa de que la institución a la que sirven ni siquiera se digna a cubrir económicamente una decisión tomada a última hora que les ha causado un grave perjuicio logístico.
A todo esto se añade la anulación de vacaciones entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de compañeros destinados en unidades del GRS, una anulación que se está comunicando con menos de diez días de antelación y que se refiere a vacaciones ya concedidas, con la consiguiente planificación familiar y personal, incluso agentes que se encontraban disfrutando de sus vacaciones han recibido la orden de incorporarse inmediatamente a sus destinos. Por ello AUGC ha remitido un nuevo escrito a la Dirección General, solicitando al menos una compensación económica a los guardias civiles a los que se les ha modificado su previsión de vacaciones.
El sacrificio no está reñido con la justa recompensa, sin embargo el Gobierno sigue sin mostrar atención a las demandas de los guardias civiles, como es una equiparación salarial entre los cuerpos policiales de España.
La situación de discriminación salarial y de derechos se hace aún más sangrante al coincidir con la noticia de que el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el pasado 7 de agosto, un acuerdo entre el Departamento de Interior catalán y las organizaciones sindicales representativas del cuerpo de Mossos d'Esquadra, por el que se aprueba una futura subida de sueldo de 300 euros a los Mossos d'Esquadra, un incremento que había sido acordado en 2008, y que en el cuarto año fue suspendida en 2011 por problemas presupuestarios.
AUGC celebra la mejora salarial de los Mossos, que aunque aún no es efectiva deseamos que se materialice cuanto antes, pero desde AUGC volvemos a reiterar nuestra denuncia por las pésimas condiciones económicas y sociolaborales de los guardias civiles, como se está evidenciando con la situación en Cataluña. Hasta que estas condiciones no se equiparen a los del resto de policías españolas, la Guardia Civil seguirá siendo un cuerpo de segunda categoría.
Por este motivo, anunciamos que si las demandas de los guardias civiles no son atendidas y no se inicia un dialogo con el Ministerio del Interior para acabar con esta eterna discriminación, AUGC volverá a la situación de conflicto que provocó la mayor manifestación de guardias civiles en noviembre de 2015. Iniciando movilizaciones, bajo el legítimo derecho de manifestación logrado recientemente en los tribunales de justicia, para hacer que la institución mas valorada por los ciudadanos lo sea también para el Gobierno.