AUGC ha estado hoy presente en Vitoria, junto con representantes de sindicatos de la Policía Nacional y de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE), en una concentración celebrada a las puertas del Parlamento Vasco, donde se ha aprobado la conocida como ley de reconocimiento de las víctimas de violencia policial en Euskadi entre 1978 y 1999.
Los miembros de AUGC y el resto de organizaciones han desplegado una pancarta en la que se expresaba su posición contraria ante esta normativa: “En defensa de la independencia del poder judicial, el honor de las FFCCS y la dignidad de las víctimas del terrorismo. No a la ley vasca de abusos policiales”.
Con el fin de frenar este intento de reescribir el relato sobre las víctimas del terrorismo en el País Vasco, así como reivindicar la memoria y dignidad de éstas, asociaciones de guardias civiles, sindicatos de policías nacionales, entre ellos el SUP, y asociaciones de víctimas del terrorismo, como la ACFSE, vienen trabajando juntas desde hace varios meses.
Para AUGC y el resto de organizaciones que se posicionan en contra de esta nueva ley, la normativa hoy aprobada es en realidad un instrumento sin garantías jurídicas para dar cobertura a una supuesta “teoría del conflicto", planteando un escenario tanto de víctimas del Estado como de ETA. En otras palabras, se pretende revertir la historia planteando a las víctimas como verdugos y viceversa.
Por otra parte, los insultos proferidos por un parlamentario de EH Bildu en el transcurso de la sesión contra los representantes de los agentes –a los que ha comparado con ‘nazis’ y ‘genocidas’, calificándolos de “lobby infecto y asqueroso”- vienen a confirmar algo que AUGC lleva denunciando desde hace años: que la situación que viven los guardias civiles y los policías nacionales en muchas zonas del País Vasco y Navarra está lejos de normalizarse. Las muestras de odio y desprecio que hoy ha ofrecido dicho parlamentario son un triste reflejo de las que sufren con frecuencia los agentes y sus familias en muchas localidades.
En este sentido se inscribe la brutal agresión que sufrieron en 2016 dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua, un ataque que, tal y como refleja la sentencia de la Audiencia Nacional, donde se juzgó a los agresores, estuvo motivada por la condición profesional de las víctimas.