En la sala de la Audiencia Nacional todavía se percibe el enorme impacto emocional que produjeron las declaraciones que ayer efectuaron las víctimas en el juicio por los brutales ataques contra dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua, en octubre de 2016
Las cuatro víctimas ofrecieron unos testimonios coherentes, serios y rotundos, que dieron medida de la extrema gravedad de los hechos que se juzgan. Y no sólo detallaron con precisión las agresiones, desmontando la coartada de que se trató de una pelea de bar –porque ni fue pelea ni fue en un bar-, sino que describieron con toda crudeza cómo es la vida para los guardias civiles, sus familiares y otras personas próximas a ellos en Alsasua.
Porque estas personas trabajan y viven dentro de un gueto, en muchos casos recluidas en el acuartelamiento, alejadas de una población que sabe quiénes son, que les percibe con desagrado, cuando no directamente odio en muchos casos, y que les señala con el dedo, de manera que no puedan moverse por el pueblo con la normalidad de cualquier ciudadano.
Porque hablamos de unos trabajadores, unos servidores públicos, y sus parejas, dos mujeres que también fueron vapuleadas sin contemplaciones por un numeroso grupo de jóvenes que actuaron con total prepotencia y desde la creencia de que actuaban con plena impunidad.
Por todo ello, AUGC apoya las peticiones de prisión solicitadas por la Fiscalía contra los jóvenes a los que se juzga. También hay que señalar que nuestra asociación es la única que está presente en este proceso como acusación particular. Ninguna otra organización está presente, al igual que brilla por su ausencia cualquier representación de la Dirección General de la Guardia Civil.
Como siempre, AUGC demuestra su liderazgo en la defensa de los guardias civiles, tanto en lo que se refiere a actos de terrorismo como en todo lo relacionado con sus derechos profesionales. Estos días en la Audiencia Nacional, AUGC es la única que da la cara.
Por último, desde AUGC consideramos que existe una necesidad imperiosa para que desde la política se dé amparo a todos estos guardias civiles y sus familias que siguen sufriendo cada día en Navarra y el País Vasco esta situación de acoso. La Administración no puede quedarse cruzada de brazos mientras sus servidores públicos padecen unas condiciones de vida tan difíciles.
Hay que recordar, en este sentido, que estamos ante los actos violentos más graves desde que ETA abandonara la actividad terrorista armada en octubre de 2011, y que siempre hemos estado y estaremos velando por los derechos y el bienestar de nuestros compañeros y sus familias destinados en el País Vasco y Navarra