El salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha sido el lugar elegido por AUGC para celebrar su Asamblea electoral, de la que ha salido reelegida la actual Junta Directiva Provincial, encabezada por Juan José García Calvo que repite en el cargo por otros cuatro años.
Esta junta provincial, elegida por unanimidad por los asistentes a la Asamblea, se ha presentado con la intención de seguir luchando por unas condiciones de trabajo mejores para los guardias civiles y seguir potenciando la presencia de AUGC en las unidades de Zaragoza y Huesca, llegando así a más número de compañeros y compañeras. E, igualmente, esta Junta también se propone hacer valer la capacidad jurídica de que dispone como asociación profesional.
Una asamblea electoral que también ha servido para hacer balance del trabajo realizado en los últimos cuatro años. Una labor asociativa positiva que se ha traducido en un aumento considerable de afiliados en ambas provincias, donde se ha tratado de mantener informados de las mejoras laborales. Cuatro años en los que también se ha logrado de las Comandancias de Zaragoza y de Huesca la concesión de locales propios para poder desarrollar la actividad asociativa, atendiendo en ellos a los compañeros y compañeras además de por miembros de la junta que se encuentran en dichas oficinas, por personal contratado.
La Junta Directiva Nacional de AUGC también ha querido estar presente para apoyar a los miembros de la Junta reelegida. José Cabrera Farfán, secretario de Acción Asociativa, explicó a los asistentes la importancia que va a tener para la Guardia Civil las próximas Órdenes Generales que van a ver la luz próximamente: Jornada Laboral y Productividad. Órdenes en las que, como dijo Farfán, AUGC defenderá, como así lo ha venido haciendo, la mejora de las condiciones de trabajo para todos los miembros de la Institución.
En la Asamblea también intervino Jesús Jordán, abogado de AUGC Zaragoza-Huesca, quien repasó los cambios producidos en la normativa y ofreció a los asistentes algunos consejos a los guardias civiles en caso de agresiones, verbales o físicas durante el ejercicio de sus funciones por parte de ciudadanos.