El litigio surge cuando un componente de la junta directiva provincial de Valencia, perteneciente a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), solicitó el día 22 de abril de 2022 a título particular una información pública dirigiéndose al Portal de Transparencia de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior y le fue denegada por estar ligado a AUGC.
En dicha petición instaba a Interior a la aportación de los datos económicos descentralizados que habían dispuesto las comandancias de Valencia, Alicante y Castellón para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, así como los conceptos y detalles del gasto.
El día 7 de junio de 2022, el general de división de la Guardia Civil del Gabinete Técnico, consideró objeto de inadmisión la solicitud formulada, al ser este representante de una asociación profesional de la Guardia Civil.
Por todo ello, nos vimos obligados a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, contencioso administrativo PO 607/2022 contra la Dirección General de la Guardia Civil.
Más tarde, AUGC Valencia, a través de su letrado, logra en el TSJ de Madrid Sentencia 862/2022, en la que consigue la contestación al expediente de Transparencia 001- 068158, condenando a la Administración a las costas judiciales de 400 euros, importe que tienen que pagar todos los españoles de las arcas públicas.
Cabe destacar que el magistrado recrimina a la Administración, y más en concreto a la Guardia Civil, esgrimiendo que “el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la administración”. Y por su parte, la Administración invoca "la eventualidad de la existencia de mala fe en el recurrente", al querer usar la información con fines asociativos.
A día de hoy, la Administración y más en concreto la Guardia Civil, es totalmente reacia a proporcionar datos a esta Asociación profesional. La cual simplemente tiene, entre otras funciones, el propósito de luchar contra la corrupción interna aunque sólo encuentren trabas en su camino.