La primera respuesta es que sí. Parece obvio y hasta un sinsentido la pregunta que retóricamente se formula en estas líneas.
El golpe de Estado fracasó y la democracia se abrió camino y continuó su curso. Las Cortes Generales -como órgano supremo de expresión de la soberanía popular- que fueron secuestradas temporalmente, siguieron dando cauce y expresando la voluntad general del Pueblo español que quería libertad y derechos. La Transición prosiguió su camino.
Pero... ¿realmente nada cambió después del 23-F? ¿Nada? Humilde y firmemente creo que sí hubo cambios. Dicho de otro modo, hubo esferas de la sociedad que no alcanzaron los avances que la Transición perfilaba en la época y que quizás, a consecuencia del golpe, se frenaron en seco.
Los Poderes Públicos seguirían ejerciendo su función constitucionalmente atribuida y la separación de poderes seguiría vigente, pero a sensu contrario, las reformas democráticas, aperturistas y modernizadoras que se aprobarían años más tarde se vieron lastradas. Y lo que es aún peor, se vieron condicionadas para aquellos ciudadanos que vestían uniforme, cuyo estatuto de derechos y libertades quedó anclado en una concepción de lo militar que se identificó más con lo castrense de los años previos a la aprobación de la Constitución que con los aires de cambio que se vivían en aquellos momentos.
No podemos (ni debemos) olvidar que además de los poderes que eligen los Pueblos y las Constituciones declaran, hay otros “poderes fácticos” que, lamentablemente, en determinados momentos históricos tienen una capacidad y eficacia comprobadas para limitar su progresión. Y así ocurrió con el “fracasado” golpe de Estado del 23-F: Pese a mostrarse como un zarpazo de los últimos coletazos del reducto de fieles al régimen dictatorial, realmente fue la excusa perfecta para justificar un retraso en la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas, con tal solo algunos tintes de modernidad. Desde ese punto de vista, el golpe sí triunfó; dejó como ciudadanos de segunda a quienes tenían activa su condición de militar. Las consecuencias de ello afectaron a normas esenciales para definir el estatuto de ciudadanía del militar que, en algunos casos, perdura hasta la actualidad.
Cuatro años más tarde del 23 de febrero de 1981, se aprobaría la Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985), la de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado (1986), las Leyes de Régimen Disciplinario (1985) y reforma del Código Penal Militar (1985), pero la Ley de Amnistría que data de 1977 no recogió a los Guaridas Civiles expulsados que se manifestaban reclamando acceso a la Seguridad Social.
Todas estas Leyes se tramitaron con el citado sesgo que muestra una mezcla entre temor y miedo. Temor a todo lo que se relacionase con lo militar y miedo de que el militar tomase conciencia de que es un ciudadano. La circunstancia afectó directa e intensamente a la Guardia Civil y a sus miembros a la hora de dotarles de los derechos que sí se otorgaron a los Policías.
Así, el golpe de Estado sirvió para frenar los avances democráticos en la Guardia Civil, cuyas consecuencias perduran en la actualidad. Hoy en día y transcurrido tanto tiempo, en la España del Siglo XXI todavía perdura la deuda con todas las personas que integramos la Guardia Civil y que podría concretarse en el definitivo reconocimiento del derecho a la sindicación responsable para una Guardia Civil compartida.
No, El 23-f no fracasó en su totalidad.
Juan Fernández, Secretario General Nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.