La Jefatura de Enseñanza, en las últimas convocatorias de cursos establece que “El solicitar y cursar la presente actividad formativa sin cumplir los requisitos y condiciones de la convocatoria, puede conllevar consecuencias disciplinarias”.
A la vista de que esto va a más (en el último BOGC se repite la frase en tres cursos) y un reciente informe de la Asesoría Jurídica, hemos remitido escrito ante el General de la Jefatura (se puede descargar al final de esta noticia) para que se retire la amenaza de las convocatorias.
Así un informe de la asesoría jurídica de marzo de este año textualmente indica “No toda interpretación errónea, discrepancia o ilicitud de tipo administrativo es constitutiva de una posible infracción disciplinaria, sino que tal carácter ha de reservarse a actuaciones plenas y patentes contra el ordenamiento y así, cuando una resolución pueda ser revisada y modificada en vía de recurso, tanto por el por el superior jerárquico, como en vía contencioso-administrativa, no se considerará, en general, punible. Admitir lo contrario, supondría una exacerbación del derecho disciplinario, proyectándolo indiscriminadamente sobre meras irregularidades derivadas de la interpretación del ordenamiento jurídico que, en modo alguno lo contravinieren de manera flagrante y que son ajenas a los fines que se persiguen con su aplicación.”
No es de recibo que quienes deben dar ejemplo, tal y como establecen las RROO que tanto le gustan a nuestros generales, estén exento de responsabilidad disciplinaria frente a las atrocidades que vemos a diario bajo el pretexto de la revisión judicial (recurso), mientras se sanciona a compañeros por solicitar acceder a una formación, cuando para eso está la resolución excluyendo de la convocatoria a quienes no reúnan los requisitos.
Y es que, lo sorprendente es que no estamos hablando de requisitos sólo conocidos por el interesado. Son requisitos en poder de la propia administración (plazos desde el último curso, no haber renunciado a alguno, etc…) de modo que, automáticamente, de hacerse la cosas bien, las solicitudes podrían ser rechazadas sin necesidad de amenazas o advertencias.
Una vez más, el doble rasero de la Guardia Civil sale a relucir en el trato al personal donde unos son intocables y otros son severamente castigados constantemente.