El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la renovación del contrato a las empresas de seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, con un valor estimado de más de 77 millones de euros para dos años.
Cuando apenas queda una semana para las elecciones generales, parece que el Gobierno ha querido dejar atado y garantizado el lucrativo negocio que las empresas de seguridad privada tienen en los centros penitenciarios, a pesar de que los dos partidos que forman parte del ejecutivo, PSOE y Podemos, reclamaron cuando estaban en la oposición que se acabara con ese contrato.
Resulta incomprensible que se siga derrochando el dinero público, más de 300 millones desde que empezó el proceso privatizador –más de 400 con la renovación acordada ahora– y no se tenga en cuenta la propuesta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles desde hace años para incorporar a personal en situación de reserva, que sería mucho menos costoso que la seguridad privada y garantizaría la prestación de esos servicios con plena eficacia y profesionalidad.
Es indignante que el Gobierno apruebe un gasto tan ingente en seguridad privada innecesaria, mientras mantiene a los guardias civiles que vigilan las prisiones y hacen las conducciones de presos en condiciones precarias, con medios obsoletos, instalaciones deterioradas, vehículos viejos y deficitarios, teniendo que compartir chalecos antibalas, con muchas vacantes sin cubrir y careciendo de turnos de trabajo que les permitan conciliar su vida laboral y familiar.
Excusas, mentiras y contradicciones
El contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior se inició en 2013, y para justificarlo el entonces ejecutivo del PP esgrimió pretextos que fueron desmontados por AUGC: ni se recolocaron los escoltas privados del País Vasco, ni se recuperaron efectivos para los servicios de seguridad ciudadana. Lo único que se hizo fue generar artificialmente un nicho de negocio para las empresas del sector, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, porque los vigilantes que prestan esos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando el Estado.
Por su parte, apenas unos meses antes de llegar al ejecutivo, el PSOE registró en el Congreso, a propuesta de AUGC, una Proposición No de Ley instando al Gobierno a no renovar ese contrato. Y en la Comisión de Interior se comprometió a ir reduciéndolo a medida que se fueran reponiendo efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional.
No es casual que, según datos del propio sector, la seguridad privada esté ya muy por encima en número de vigilantes que cada uno de los dos cuerpos policiales estatales, con un crecimiento continuo durante los últimos diez años, tanto en número de empresas como en facturación. Y un considerable porcentaje de esas ganancias procede de contratos con la Administración Pública, especialmente tras la aprobación en 2014 de una Ley de Seguridad Privada que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.
Y ello, a pesar de las experiencias negativas, no solo en otros países como Estados Unidos donde la privatización de las prisiones ha ocasionado muchos y graves problemas, sino también en España, cuando la empresa OMBUDS entró en situación concursal y de la noche a la mañana dejó de prestar sus servicios en los quince centros penitenciarios de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, originando un grave problema que se prolongó durante dos años.
Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, porque el Estado pierde el control sobre ellas y pueden verse afectadas materias fundamentales de interés general.