Tras reunirse con la Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la diputada Ana Vázquez, del Partido Popular, registró varias preguntas al Gobierno, y las respuestas recibidas son cuando menos indignantes.
Ante la pregunta de qué medidas se van a tomar ante el aumento de fugas de presos en los traslados, el ejecutivo contesta que “estos sucesos son excepcionales y no se observa un incremento significativo de su incidencia, por lo que no invitan a adoptar medidas excepcionales al respecto”. Esa respuesta es vergonzosa, cuando en 2024 se han triplicado las evasiones de presos en centros hospitalarios y clínicas médicas, produciéndose situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los guardias civiles.
Por otro lado, la diputada preguntó si el Ministerio del Interior tiene previsto cambiar los protocolos de traslados y custodia de presos, a lo cual responde el Gobierno que “la Dirección General de la Guardia Civil aprobó en noviembre de 2023 el documento ‘Procedimientos específicos de seguridad en las conducciones de presos y penados’, como anexo al Manual de Intervención Operativa, el cual se ha convertido en el marco de referencia del Sistema de Intervención Operativa del Cuerpo en esta materia”.
Causa sonrojo esa contestación, porque aunque es cierto que, a petición de AUGC, se elaboró un manual específico para las conducciones y se habilitó a formadores, sin embargo más de un año después esa formación no se está impartiendo en casi ninguna provincia, y la dirección general no muestra el más mínimo interés, a pesar de las múltiples reclamaciones tramitadas por esta asociación profesional en ese sentido.
Además, AUGC lleva años reclamando que Interior modifique su protocolo de 2009 para las conducciones y custodias de presos, el cual endosa a la Guardia Civil cometidos que son competencia de Policía Nacional y que ha quedado obsoleto, pero el ministerio hace oídos sordos a pesar de los numerosos problemas que conlleva, como los miles de consultas médicas perdidas por falta de personal, y los graves riesgos de seguridad para guardias civiles, personal sanitario y ciudadanos.
Y ante la pregunta de la diputada sobre si se tiene previsto dotar de más medios a las unidades que se encargan de los traslados y custodias de presos, el Gobierno se va por las ramas diciendo que “la asignación de medios materiales para realizar estos traslados se enmarca en los planes genéricos existentes para el conjunto de unidades de la Guardia Civil, los cuales recogen los aspectos más relevantes tanto desde el punto de vista operativo como logístico-presupuestario”.
Pero la realidad es que una buena parte de los guardias civiles que se encargan de las conducciones y custodias de presos carecen de medios que son muy necesarios para esos cometidos, como chalecos antibalas de uso individual, fundas antihurto para las armas, defensas extensibles, grilletes de alta seguridad, cinturones de anclaje y spray en formato gel. Medios cuya carencia genera graves riesgos laborales y de seguridad.
No son de extrañar estas respuestas del Gobierno, teniendo en cuenta que ni la propia directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, conoce la realidad de las unidades de Protección y Seguridad y los problemas de los guardias civiles que en ellas trabajan, como quedó patente en su comparecencia ante la Comisión de Interior hace unos días.