La delegación de AUGC en Córdoba ha obtenido, a través del portal de transparencia, datos oficiales de la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la organización en Córdoba de los actos centrales de conmemoración de la patrona de la Guardia Civil, y la información facilitada confirma lo que AUGC denunció en ese momento, que la parada militar y el desfile del día 3 de octubre conllevó un derroche económico y una considerable merma de guardias civiles procedentes de distintas provincias, especialidades y unidades.
El coste económico total fue de 142.217 euros, desglosado en distintos gastos: 108.651 euros por alojamiento y manutención de los participantes, 17.682 euros en combustible, 12.337 euros por estabulación del ganado, 3.490 euros por alquiler de vehículos y transporte, 56 euros en reuniones. Así mismo, en la respuesta de la dirección general se expone que en la parada militar y desfile participaron 445 efectivos de la Guardia Civil y se utilizaron 85 vehículos de diversa tipología.
Con ese dinero público derrochado inútilmente se podrían haber adquirido medios materiales que necesitan los guardias civiles de la provincia de Córdoba, como son chalecos de protección, defensas,extensibles, pistolas táser, taquillas, vehículos, reforma de instalaciones antiguas y precarias, entre muchos otros.
Se corrobora así, como AUGC viene denunciando, que estos fastos militares únicamente sirven para hacer una inútil demostración de ostentación y vanagloria de la cúpula de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, detrayendo de sus funciones habituales a cientos de guardias civiles que deberían estar velando por la seguridad de la ciudadanía. Y además generando unos enormes costes económicos a las arcas públicas.
Cabe recordar que a la parada militar y desfile asistieron el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil, a quienes poco parece preocuparles el endémico déficit de plantilla en la provincia de Córdoba, que tenga el parque móvil más envejecido de toda Andalucía, que no haya chalecos antibalas para todos los agentes, y que los guardias civiles sean los servidores públicos con menos derechos, sin turnos de trabajo, con pluses económicos discriminatorios y sin cauces para reivindicar sus derechos.
En lugar de organizar costosos e innecesarios desfiles militares, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez deberían trabajar para que los guardias civiles tengan una jornada laboral digna, para que el acuerdo de equiparación salarial se cumpla plenamente, para que el reparto de la productividad deje de discriminar a quienes trabajan a pie de calle en beneficio de los altos mandos, para que los agentes no vayan a la cárcel por una discusión laboral, y en definitiva para que los guardias civiles dejen de tener peores condiciones laborales que el resto de policías en este país.