AUGC lleva denunciando desde hace años el mal estado de buena parte de los vehículos oficiales de la Guardia Civil, que en algunos casos llegan a sobrepasar los 400.000 kilómetros. Una situación que conlleva un evidente riesgo tanto para los agentes que deben desplazarse en ellos como para el resto de la ciudadanía.
El último ejemplo de esta situación lo ha dado a conocer la delegación de AUGC en Alicante, que ha puesto en conocimiento de la opinión pública una situación muy preocupante tanto para los agentes del Cuerpo como para el resto de la ciudadanía, en lo que pudiera ser una pésima gestión del dinero que los ciudadanos aportan a la Guardia Civil para el mantenimiento de los vehículos oficiales, además de exponer a ciudadanos y agentes a peligros innecesarios. Los primeros porque tendrán un servicio deficiente y los segundos porque conducir vehículos antiguos, con exceso de kilometraje y en pésimas condiciones pone en riesgo su integridad física y la del resto de usuarios de la vía.
AUGC ha denunciado, en otras ocasiones, públicamente la escasez de medios de la Guardia Civil en Alicante sin que se aporten soluciones a las graves deficiencias que soportan los guardias civiles para desarrollar sus funciones, pero es que la situación actual, además de lamentable es ya casi insostenible, toda vez que la actual flota de vehículos en la Comunitat Valenciana y en concreto en la Provincia de Alicante está bajo mínimos, debiendo realizar los agentes sus servicios en auténticas "Tartanas" y donde gran parte de los mismos se encuentran inmovilizados por las continuas averías.
Según una Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil el gasto total invertido en la Comunitat Valenciana en el mantenimiento de vehículos oficiales entre el año 2018 y 2020 es de 5.905.522 euros, de los que 2.189.677 euros corresponden a la Comandancia de Alicante, lo que evidencia el excesivo gasto en el mantenimiento de estos.
Cabe destacar que incluso entre los que ya de por sí están en estado malo o muy deficiente, se encuentran en funcionamiento vehículos del año 1998, unido a los que están inmovilizados o en espera de su reparación en talleres de la zona por sus continuas averías, lo que está provocando que incluso en determinadas unidades se deban nombrar servicios a pie a los agentes debido a la falta de vehículos para realizar patrullas de seguridad ciudadana.
Desde AUGC instamos a la Dirección General de la Guardia Civil a que igualen el sistema de "renting" que actualmente utiliza el Cuerpo de la Policía Nacional y que pueda cambiar así de vehículos cuando hayan recorrido 200.000 kilómetros y no den lugar a lamentables récords de antigüedad en servicio y número de kilómetros recorridos así como al excesivo gasto que conllevan con sus reiteradas y engorrosas averías, así como dotar de suficientes vehículos que cuenten con mamparas protectoras que garanticen la seguridad de los traslados de personas detenidas.
Asimismo reseñar que, según datos obtenidos del portal estadístico de criminalidad, si bien entre enero y junio de presente año se ha observado una leve bajada de infracciones penales en la Comunitat, al igual que el resto del país, en parte debido al "estado de alarma" decretado durante el primer trimestre, las provincias de Alicante y Valencia junto con Madrid suponen algo más del 17% de la delincuencia conocida a nivel nacional, de ahí la importancia de estas Comandancias de la Guardia Civil para garantizar la seguridad del ciudadano y que requiere la mejor gestión de recursos, tanto materiales como personales especialmente en las zonas costeras y con gran afluencia de personas, tanto turistas extranjeros como residentes, donde se ha notado un repunte de criminalidad desde el mes de agosto y que requieren un mayor potencial de medios.
Igualmente preocupan las llegadas de pateras con inmigrantes irregulares que está teniendo lugar en las costas de Alicante en las últimas fechas, que si bien esta provincia presenta datos totales similares a los del año pasado, la salida de inmigrantes procedentes de Argelia, sigue afectando gravemente a las provincias del levante español y que en los últimos días ha sufrido un aumento en las costas levantinas, donde por ejemplo y tan sólo en el mes de septiembre se han detectado varias pateras con un total de ciento ochenta y ocho inmigrantes que han sido interceptados, posicionando esta provincia entre los primeros puestos a nivel nacional en llegadas de inmigrantes irregulares.
Estos datos estadísticos en cuanto a delincuencia e inmigración irregular ponen de manifiesto las necesidades de los agentes y evidencian la acuciante falta de personal, vehículos y medios materiales a la que se enfrentan en sus labores diarias, y que en definitiva van en perjuicio del servicio al ciudadano, ya que con motivo de tener que atender la vigilancia de las costas y los diversos avisos que reciben de llegada de embarcaciones con inmigrantes, provoca que el tiempo de respuesta al resto de requerimientos de los ciudadanos sea mayor o incluso en ocasiones no puedan ser atendidos, lo que lamentamos profundamente desde la AUGC, pues los agentes no pueden cumplir como ellos desean, la misión principal que tienen encomendada por el ordenamiento jurídico, que no es otro que garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimento de las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y preservar la seguridad ciudadana.
También denuncia AUGC Cádiz
El ejemplo de Alicante aquí expuesto es extrapolable al resto de España. Así, recientemente AUGC Cádiz también ha denunciado en redes sociales el pésimo estado de los neumáticos de los vehículos.
Todo esto, además, coincide con la noticia de la que nos hacíamos eco en fechas recientes de la compra por parte del Gobierno de España de vehículos todoterreno para la policía de Marruecos. Resulta inexplicable que, mientras que los guardias civiles deben hacer su trabajo en vehículos en unas condiciones muy deficientes, nuestro Ejecutivo dedique una importante partida económica para mejorar la flota de la seguridad pública del país vecino.