Desierto. Esta es la palabra que figura en el documento que publicó el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil para anunciar el contrato de suministro de chalecos antibalas internos. Después de dos meses para que las empresas presentasen sus respectivas propuestas, la Mesa de Contratación ha acordado declarar desierto el expediente “al no existir ninguna oferta o proposición que sea admisible”, según figura en el acta oficial.
La Institución requería 235 chalecos antibalas internos con panel balístico frontal y dorsal, la funda exterior, una bolsa para su transporte, y todo el material iría destinado a las Unidades del Campo de Gibraltar, concretamente a 188 hombres y 47 mujeres. De este modo, se pretendía dar cumplimiento a parte de la Instrucción 3/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad con la que se aprobó el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reiterado en numerosas ocasiones lo necesario que es que llegue el material a los componentes de toda España. Tenerlo o no puede significar la vida o la muerte ante los impactos de armas de fuego que se pudieran producir en servicios e intervenciones, pero parece que la cuestión no tiene la misma importancia para la Administración. Faltan dotaciones para profesionales y alumnos, no se reparten correctamente, algunos se caducan sin adjudicación y cuando llega el momento de anunciarse algún expediente para comprar suministro, la cantidad resulta muy escasa y además queda desierto.
Los Guardias Civiles no sabemos qué tiene que ocurrir para disponer al fin de chalecos antibalas y poder utilizarlos individualmente. Muchos están caducados y deberían ser retirados, pero los agentes que tienen opción continúan con ellos dada la carencia material. Otros ni tan siquiera pueden portar seguridad alguna.
Los chalecos antibalas que pretendía comprar el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil debían tener un coste unitario de 350 euros. De formalizarse el contrato con alguna empresa, la cuantía total ascendería a 99.522,50 euros –17.272,50 son de IVA–. El dinero con el que se afrontaría el gasto procede de una de las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero seguirá en las arcas públicas a pesar de la necesidad de este medio de autoprotección vital.