AUGC siempre ha mantenido una postura firme contra cualquier injerencia en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en la averiguación de los delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.
En este sentido, cabe recordar que desde la Dirección General se emitía en 2012, con el Gobierno de entonces, una instrucción mediante la cual se cambiaba, y así continúa siendo a día de hoy, la manera de realizar las investigaciones. Así, desde entonces, las unidades de Policía Judicial han de informar semanalmente al Ministerio del Interior, entre otras cuestiones, sobre “posibles implicaciones (de investigaciones judiciales) de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales.” Es decir, esta instrucción establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido, sino de su mera ejecución.
Desde AUGC insistimos en la independencia que debe preservar las investigaciones de la Guardia Civil, y solicitamos por lo tanto la retirada de esta instrucción de 2012 por la que se obliga a informar sobre investigaciones en curso sobre personas con responsabilidades públicas.
Ahora, de “aquellos barros, estos lodos” y la tormenta política vuelve a salpicar a la Guardia Civil y su trabajo de investigación. Y lo hace en medio de una causa judicial abierta, en la que serán los propios mecanismos de la justicia quienes se tendrán que pronunciar en el ámbito de nuestro Estado de derecho.
El cese del coronel Pérez de los Cobos fue comunicado por la Directora de la Guardia Civil por “pérdida de confianza” sobre vacante de Libre Designación, motivo suficiente para proceder a su cese. Pero las declaraciones del Ministro del Interior en sede parlamentaria asegurando que este cese se debía a un “nuevo impulso” en el marco de la reconstrucción de equipos de trabajo se contradicen con la verdadera causa de esa “pérdida de confianza”, la cual fue comunicada al afectado en un documento reservado donde se hace constar que la destitución se acuerda por no cumplir con la obligación de informar: “No informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”.
Al mismo tiempo, demandamos una aminoración de los puestos de trabajo asignados mediante el sistema de Libre Designación, por el elevado número de estas vacantes que existen en la Guardia Civil, donde llegan al 11%, por lo que muchos de estos puestos son ocupados por personal con nivel 17, pertenecientes a la escala de Cabos y Guardias. Este criterio se contrapone al utilizado en la Policía Nacional, donde este tipo de vacantes alcanza el 3%. Los destinos de libre designación deben ser de carácter excepcional y estar debidamente justificados.