La presencia de la Guardia Civil en los edificios públicos y oficiales de la Comunidad de Madrid será más reducida a partir de abril. En esta decisión están implicados tanto el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid como el Ministerio del Interior, pero ninguno reconoce quién ha dado la orden. Mientras que el Departamento de Marlaska traslada que la rebaja del número de agentes es a petición del Ejecutivo regional, éste último expone que Interior ha planteado un convenio diferente y la reducción de efectivos.
En el trasfondo del problema se encuentra la equiparación salarial. Con el aumento del salario de los Guardias Civiles, el coste del servicio de protección y vigilancia que realizan en edificios públicos y oficiales ha incrementado. Por este trabajo los agentes también perciben un complemento extra y la Comunidad de Madrid no podría afrontar el volumen económico total del servicio que prestan los 120 efectivos. Que una de las soluciones planteadas sea la disminución del número de agentes es otra falta de consideración hacia la Guardia Civil. Los agentes están cansados de los perjuicios laborales y personales generados y es necesario que los responsables, la clase política, emitan algún tipo de aclaración al respecto.
No debería ser una solución la disminución del número de agentes. Recordamos la cláusula tercera del Acuerdo que firmamos en 2018 junto a otras Asociaciones y Sindicatos Policiales con el Ministerio del Interior. En el mismo, se acordó que se incentivaría el reingreso de los Guardias Civiles que pasan de una situación activa a reserva, pero ahora nos encontramos con esta falta de apreciación. AUGC ya interpuso el pasado año un recurso contencioso-administrativo por su vulneración y fue admitido a trámite por el Supremo.
Si la orden de disminuir la cantidad de agentes de edificios públicos y oficiales está ya firmada por la Unidad correspondiente del Instituto Armado, significaría un retroceso y un grave perjuicio para los compañeros que se encuentran en la franja de edad de los 56 a los 65 años.
Nos encontramos de nuevo ante una modificación que supone un perjuicio para la seguridad y la atención del ciudadano. El servicio que prestan los efectivos es de 24 horas y pasaría a ser únicamente durante la mañana y primera hora de la tarde: Los edificios públicos y estatales tendrían vigilancia entre las 07:00 horas y las 15:00 horas. Desde principios de abril no habría guardia durante el resto del día.
Reiteramos que los responsables de este nuevo agravio hacia la Guardia Civil deben aclarar la situación también por el bien de la ciudadanía. El Acuerdo firmado con Interior el 19 de marzo de 2018 está para cumplirlo; no lo deben olvidar ni el Ejecutivo Nacional y el Regional. Los agentes están hartos de la falta de consideración hacia su desempeño público.