Una vez más ha tenido que ser la justicia, encarnada en este caso en el Tribunal Militar Central, la que enmiende los desmanes cometidos contra los legítimos representantes de los guardias civiles en represalia por su trabajo en defensa de los derechos de sus compañeros.
Y es que este tribunal acaba de revocar, “por ser contraria a derecho”, la resolución de la ministra de Defensa -que confirmaba a su vez el acuerdo anterior del Director General de la Guardia Civil- por la que se condenaba a pérdida de destino en la Comandancia de Cáceres al secretario general de la delegación de AUGC en esta provincia, Juan Carlos Gómez Alcaraz.
La sentencia destaca, además, que algunas decisiones en el expediente se hicieron según “el personal criterio” del instructor y con graves incumplimientos por la autoridad sancionadora.
Este castigo de destierro había sido consecuencia de una campaña persecutoria por parte de quienes ejercían mando en esta Comandancia contra nuestro compañero –y secundada, al parecer, por un grupo de afines movidos por su propio interés-, motivada únicamente por su trabajo como legítimo representante de los trabajadores del Cuerpo.
De este modo, a Juan Carlos se le condenaba a abandonar Cáceres, provincia donde vive desde hace más de treinta años. Allí se quedarían su esposa, que por motivos laborales no podía acompañarlo, y sus tres hijas, una de ellas menor de edad.
La sentencia destaca, además, que algunas decisiones en el expediente se hicieron según “el personal criterio” del instructor y con graves incumplimientos por la autoridad sancionadora.
Lejos de incurrir en ninguna de las faltas que se le atribuyeron, Juan Carlos Gómez Alcaraz puede presumir de una trayectoria inmaculada como guardia civil, con actuaciones destacadas como la que le valió la condecoración que le impuso el Director General en 2015 por su papel en la detención de un peligroso criminal que cometió dos asesinatos en Cazalegas (Toledo) y Badajoz, cuyo caso fue dado a conocer en los medios de comunicación como el 'Pistolero de Plasencia', y que terminó con la muerte del asesino por arma de fuego. Por este caso, Alcaraz recibió la cruz de plata al mérito de la Guardia Civil por su "participación sobresaliente".
Ahora, con la resolución que revoca estas decisiones, el Tribunal, además de reintegrar a Juan Carlos Alcaraz en su destino, declara extinguida toda responsabilidad disciplinaria del agente y ordena que desaparezca toda mención a la sanción en su expediente. También reclama a la Administración el abono de daños y perjuicios.
De esta manera, gracias a los servicios jurídicos de AUGC se repara esta injusticia cometida contra el secretario general provincial de AUGC Cáceres, la cual se agrega a otros muchos precedentes que demuestran que la Guardia Civil es un cuerpo donde la jerarquía manda más allá de los horizontes propios de la misma; no respetando por ello los valores y los derechos consagrados en nuestra Constitución, tales como la igualdad de todos ante la ley y, la libertad de asociación.