La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas comparten la naturaleza militar. Los primeros desempeñan funciones policiales al servicio de la Administración Civil, es una fuerza de seguridad pública, pero esta dualidad parece importar poco. La Guardia Civil se impone al Ejército de Tierra, al del Aire y a la Armada en el uso de la jurisdicción militar. Ni las tres ramas de las Fuerzas Armadas juntas han ingresado tantos procedimientos contencioso-disciplinarios como la Guardia Civil. 212, por parte de quienes desarrollan funciones policiales, frente a 51 -43 del Ejército de Tierra, 6 del Ejército del Aire y 2 de la Armada-. Estos son los últimos datos, correspondientes a 2020, que se desprenden de todos los órganos de la jurisdicción militar integrados en el Consejo General del Poder Judicial.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles continuará reclamando que no se emplee el Código Penal Militar a los Guardias Civiles en funciones policiales y una mayor proporcionalidad en la aplicación del Régimen Disciplinario.
Además del incomprensible rigor disciplinario que se da dentro de la Guardia Civil es un hecho que la aplicación de la jurisdicción militar se está empleando en la Guardia Civil de forma incorrecta: El 59 % de todos los expedientes contencioso-disciplinarios instruidos durante 2020 se han desestimado mediante sentencia. El dato engloba los ordinarios, preferentes y sumarios, pero la falta de desglose del Consejo General del Poder Judicial imposibilita diferenciar cómo finalizaron los interpuestos contra los Guardias Civiles y los correspondientes a las ramas de las Fuerzas Armadas.
Las cifras hablan por sí solas. El elevado número de procedimientos ingresados por parte de la Guardia Civil y la escasez de expedientes estimados indican que el Régimen Disciplinario se está aplicando de forma incongruente y errónea. Hace años que nos preguntamos cuál es el verdadero objetivo. No sólo se menoscaba el funcionamiento del Instituto Armado, también los derechos de los agentes y la propia Institución queda desacreditada y desprestigiada ante los Tribunales Militares y la sociedad española.
Este deshonor es perfectamente evitable haciendo una buena lectura del Régimen Disciplinario. No es una herramienta represora de los trabajadores ni los mandos deben emplearla para imponer su autoridad ante cualquier situación. Hay conflictos que se pueden solucionar con métodos menos traumáticos porque después los Tribunales Militares sólo estiman el 38 % de los expedientes totales, ciñéndonos a los últimos datos correspondientes a 2020. La mayoría de los procedimientos de Guardias Civiles -al igual que los de los miembros de las Fuerzas Armadas- se han ingresado en el Militar Central de Madrid, pero desde los Tribunales Militares Territoriales también conocen que, en nuestro caso, ni se aplica con equidad ni con buen juicio.
El Grupo de Estados Contra la Corrupción integrados en el Consejo de Europa tampoco está al margen de esta circunstancia que se da dentro de la Guardia Civil. Pidieron una revisión del Régimen Disciplinario para, entre otros motivos, reforzar su proporcionalidad. El Organismo Europeo consideró en su último informe que España no había aplicado su recomendación y trasladó que el uso de los Tribunales Militares en los procedimientos disciplinarios donde están implicados los agentes cuando desempeñan funciones policiales “plantea sus propios problemas”, ya que “las decisiones disciplinarias en el Cuerpo son particularmente duras”.