Como si de una pesadilla se tratara el ministro del Interior continúa con su política de inmovilismo y de ataque a los derechos y libertades públicas de los guardias civiles donde una vez más, nos encontramos con un ministro incapaz de atender los principales problemas que afectan a los agentes en cuanto a la conciliación laboral, reparto justo de la productividad cumplimiento integro del acuerdo de equiparación salarial y medios materiales para desarrollar su trabajo, pero que no recorta esfuerzos en recortar derechos como no se había visto en décadas.
Son muchos los compañeros que, una vez el Consejo de Ministros apruebe esta norma, tendrán un año para pagar y eliminar de su cuerpo sus tatuajes.
No solo estamos hablamos de la retirada de tatuajes obscenos con expresiones contrarias a la constitución o valores, sino por la situación del tatuaje, aunque se trate de un nombre, un corazón o cualquier otra imagen.
Hasta el propio Ministerio de Defensa se ha manifestado en contra de esta nueva regulación saliendo en defensa de los guardias civiles donde ha solicitado la modificación del texto, sin que Marlaska haya hecho caso alguno para evitar que el texto continúe adelante para su tramitación y aprobación.
AUGC siempre ha expresado su rechazo a la implantación de esta norma tan restrictiva donde no solo perjudicará a los integrantes del Cuerpo que poseen tatuajes sino a los que en un futuro inmediato quieran ingresar en el Cuerpo por lo que consideramos una total involución esta norma que sin duda vuelve a llevar a los guardias civiles a siglos pasados y pone en evidencia la falta de derechos fundamentales y libertades públicas que carecen los guardias civiles, donde AUGC no descarta reclamar a la vía judicial una vez sea publicada la norma.
El Ministro continua sin estar a la altura de los principales retos que demandan los profesionales de la seguridad publica, por ello los guardias civiles, convocados por AUGC, volverán a manifestarse masivamente en Madrid el próximo 18 de septiembre para reclamar derechos sociolaborales en igualdad de condiciones con el resto de cuerpos policiales.