La historia sobre la falta de colaboración y cooperación policial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado parece estar lejos de desaparecer. El último episodio de recelo se ha vivido en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde se ha remitido una orden a todas sus unidades en la que indica que “ha tenido conocimiento de que en la provincia de Alicante existe un equipo desplegado de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), compuesto por personal de la Policía Nacional”.
En su orden, la Comandancia advierte de que “cabe la posibilidad de que este equipo pueda dirigirse directamente a algunas de las Unidades de esta Comandancia solicitando algún tipo de información sobre inmigración irregular, o de cualquier otro tipo”.
Ante esta posibilidad, concluye que “en caso de que alguna Unidad reciba una solicitud de información de cualquier tipo de este Equipo, no se accederá en ningún caso a dicha solicitud, debiendo contestarle que no se dispone de autorización de dar ningún tipo de información”.
El comunicado finaliza indicando que “dicha vicisitud será comunicada a esta jefatura (negociado de operaciones).
Ciertamente, esta notificación se comenta sola. Poco más queda añadir desde AUGC, que lleva años solicitando reformar los protocolos de actuación para mejorar la cooperación policial. Este es el enésimo incidente entre cuerpos policiales, que tiene como fondo un deficitario modelo policial, que data del año 1986.
Porque lejos de buscar estrechar la cooperación entre distintos cuerpos policiales, acciones como ésta no suponen más que una evidencia de cómo los egos, los celos y las ambiciones de protagonismo siguen dificultando y restando eficacia a la seguridad de los propios ciudadanos. AUGC ha tenido ocasión de reiterar la perentoria necesidad de reformar el modelo policial, así como de sincronizar y homogeneizar los instrumentos de cooperación policial al remitir su postura al respecto en la consulta pública sobre la creación de un Código de cooperación policial de la UE para la lucha contra la delincuencia grave y organizada transfronteriza que se ha puesto en marcha por la Comisión Europea.